Varios colectivos vinculados a la infancia, la educación y las necesidades específicas de apoyo educativo han hecho público un decálogo para reclamar mejoras en la atención a los menores con dificultades educativas en La Rioja. El documento, suscrito por ACAE, AFAAR, ARNAC, ARPA, CONCAPA, Faparioja, Rioja Dislexia y TDAH Rioja, plantea diez medidas para avanzar hacia una respuesta «homogénea, rápida y efectiva» desde el ámbito educativo, social y sanitario.
El primer punto del decálogo incide en la necesidad de dar visibilidad a un problema que, según los colectivos, continúa siendo «invisible» en demasiadas ocasiones. Las entidades alertan de que la falta de conocimiento y sensibilización social hace que muchos menores con dificultades educativas pasen desapercibidos, por lo que consideran fundamental impulsar campañas, información accesible y formación que ayuden a reducir estigmas y favorezcan la comprensión y la empatía.
El documento también reclama un acompañamiento más cercano al menor y a sus familias. Las asociaciones defienden que los niños y adolescentes necesitan un apoyo sostenido en su día a día, estable, personalizado y centrado en su bienestar. En esa misma línea, piden reforzar la formación y el acompañamiento a las familias, ya que consideran que sin orientación clara, accesible y continua, las intervenciones escolares pierden eficacia.
Otro de los ejes del comunicado es el acceso a becas y ayudas. Los colectivos sostienen que las ayudas nacionales no llegan a todos los colectivos y que, cuando lo hacen, no siempre cubren todas las necesidades. Por ello, reclaman la creación y mejora de ayudas a nivel regional para que los menores con necesidades específicas, ya sean neurotípicos o neurodivergentes, puedan tener las mismas oportunidades.
Las entidades firmantes ponen especial énfasis en la formación del profesorado. A su juicio, tanto la universidad como los másteres de educación deberían reforzar la preparación en neurodivergencias, acoso, acogimiento, adopción y otras realidades que pueden afectar al alumnado. El objetivo, señalan, es que los docentes cuenten con herramientas para identificar señales tempranas, saber cómo abordar cada caso y conocer mejor la realidad de los menores que tienen en el aula.
El decálogo también reclama estabilidad en los equipos docentes y de orientación. Los colectivos advierten de que los cambios frecuentes de profesorado y de profesionales de orientación al inicio de cada curso generan falta de continuidad, obligan a muchos menores a empezar de nuevo cada año y dificultan los avances. Por ello, piden medidas que garanticen equipos estables y planes de apoyo a largo plazo.
Además, las asociaciones solicitan protocolos aplicables y conocidos por el profesorado. Aunque existen procedimientos para determinadas problemáticas, denuncian que su aplicación es desigual entre centros o profesionales y que, en algunos casos, directamente no hay un protocolo de actuación. Para los colectivos, estos protocolos deben ser una guía práctica que permita respuestas rápidas, homogéneas y eficaces.
La detección temprana ocupa otro lugar central en las reivindicaciones. El documento advierte de que muchas valoraciones comienzan únicamente cuando la situación ya es extrema, cuando lo necesario sería identificar las dificultades desde edades tempranas para evitar problemas mayores y facilitar intervenciones más eficaces.
Por último, los colectivos reclaman un incremento estructural y sostenido de recursos humanos y materiales. Aunque reconocen que se han producido mejoras, consideran que siguen siendo insuficientes los maestros especialistas, orientadores, personal de apoyo y materiales adaptados. También piden una coordinación efectiva entre centros educativos, familias, asociaciones y administraciones, con reuniones colaborativas y espacios de información compartida entre quienes trabajan dentro y fuera del centro escolar.
El decálogo concluye con una petición de fondo: mejorar la conexión entre las áreas de salud, educación y servicios sociales para ofrecer respuestas integrales a menores y familias. Una reclamación que las entidades presentan como imprescindible para que ningún niño quede atrás por falta de recursos, diagnóstico, acompañamiento o coordinación.
