No habrá desahucio para la familia vulnerable -una madre con dos hijas menores a su cargo- que en los últimos 10 años ha vivido en el número 32 de la calle Somosierra de Logroño… al menos este miércoles. Porque el asunto nuclear de este drama familiar no tiene respuesta por el momento. ¿Se ha paralizado el desahucio? ¿Se ha suspendido? ¿Se ha aplazado? Ni sí ni no, sino todo lo contrario.
Al menos, esas respuestas no obran en poder del Sindicato de Vivienda de La Rioja (SVLR), que este miércoles ha movilizado a alrededor de un centenar de vecinos para impedir el desalojo de esta familia vulnerable. «En principio el desahucio sigue adelante, pero técnicamente creemos que no va a ser este miércoles», afirmaba su portavoz, Álvaro Marqués, a las tres de la tarde. Su reflexión es, en realidad, una deducción lógica: el Sindicato da por hecho que a partir de las tres la tarde cesa la actividad judicial regular y, por tanto, la Letrada de Administración de Justicia no se personará en la vivienda para entregar a la inquilina la orden de desalojo.
Aun así, para entender las dudas que planean sobre este episodio es necesario hacer un recorrido cronológico de los acontecimientos. A las 12:30 horas un centenar de personas se agolpaba en torno al portal número 32 de Somosierra, tal y como fijaba la convocatoria del Sindicato de Vivienda. Breves normas de actuación ante la presumible actuación judicial: «Resistencia pasiva, no más de veinte personas en el portal y respeto a la autoridad». El problema radica en que ni en ese entorno ni en las calles aledañas se atisbaba una mínima presencia policial, más allá de alguna ronda de reconocimiento rutinaria por parte de la Policía Local.
Decenas de manifestantes se agolpan para impedir la entrada de una comitiva judicial que finalmente no ha aparecido.
«Aunque os hemos citado a las 12:30 horas, el abogado tiene notificación de que la comitiva llegará a las 13:30 horas», justificaban los representantes de la organización. Pero a esa hora, bajo un calor al alza, tampoco había ningún agente de la Policía a un kilómetro a la redonda. «No sabemos nada», repetían una y otra vez los portavoces del SVLR a periodistas, manifestantes y curiosos interesados por la escena. «Es posible que estén jugando al desgaste», valoraban otros de los presentes.
Desahucio aplazado… para el viernes
Así fueron pasando los minutos hasta que las tres de la tarde activó la deducción lógica -los horarios administrativos chocaban con la operación prevista- que ha llevado a los manifestantes a abrir un paréntesis temporal que -al menos, por el momento- no se sabe cuándo se cerrará. Ni tan siquiera si llegará a cerrarse, pues durante la tensa espera Álvaro Marqués anunciaba que el segundo desalojo previsto en la misma calle (apenas siete portales más abajo) para este viernes quedaba aplazado a finales de junio, lo que se ha interpretado entre los manifestantes como el segundo triunfo del Sindicato de Vivienda en apenas un mes.
Porque el primero, el intento de desahucio el pasado 20 de abril en el barrio de El Campillo, ha quedado suspendido, a tenor del segundo anuncio efectuado por el portavoz del SVLR durante la mañana de este miércoles.
«Respeto al informe de vulnerabilidad»
A la espera de una llegada de la comitiva judicial que finalmente no se ha producido, los manifestantes han lanzado proclamas contra los rentistas y contra la autoridad judicial, a la que acusa de pasar por alto en estas operaciones los informes de vulnerabilidad de algunas familias afectadas.
En el caso concreto de la inquilina de la calle Somosierra, el Sindicato de Vivienda avanzaba que su intención ante este desahucio era ganar tiempo para que, al menos, las dos hijas menores puedan terminar el curso escolar en su actual centro.
Dos miembros del Sindicato de Vivienda colocan una pancarta en la ventana de la inquilina afectada.
Además de eso, Marqués ha lamentado «el fracaso de las instituciones para proteger sus vecindarios frente a la especulación inmobiliaria». Desde el colectivo denuncian además que las dos afectadas en la calle Somosierra (la otra mujer percibe el Ingreso Mínimo Vital) han sufrido presiones por parte de sus arrendadores para abandonar las viviendas. Según el Sindicato de Vivienda, en estos casos se habrían producido amenazas, intentos de forzar la salida de las inquilinas y subidas del alquiler que, incluso, las afectadas estaban dispuestas a asumir. Pese a ello, denuncia Márquez, no se les habría renovado el contrato.
Álvaro Marqués, con gorra, atiende a algunos periodistas frente a la vivienda de la familia afectada.
El portavoz del sindicato vincula estos procesos con el avance de la especulación inmobiliaria y la transformación de los barrios: «Los rentistas solo ven las calles de Logroño como si fuesen calles del Monopoly», ha asegurado, denunciando que las viviendas se tratan cada vez más «como activos en lugar de como casas» y a las familias «como negocios». Para el colectivo, el señalamiento de dos desahucios en una misma semana y en una misma calle refleja un problema de fondo en el mercado del alquiler.
A falta de despejar las dudas sobre el desenlace del desahucio previsto para este miércoles, para el sindicato la clave está ahora en que la autoridad judicial tenga en cuenta los informes de vulnerabilidad, ya que por el momento «parecen papel mojado.
