La jornada de tensión vivida este lunes en la calle Segundo Arce de Logroño ha concluido con un giro de última hora. El desahucio de una inquilina y su hijo de 14 años, que estaba previsto para este mismo día, ha sido suspendido y aplazado, al menos, hasta el 29 de mayo, hasta que se admita un informe de vulnerabilidad del menor que faltaba en el procedimiento judicial.
La decisión ha sido comunicada por la comitiva judicial en el propio domicilio y se fundamenta en la aplicación de una disposición legal que permite, en caso de tratarse de vivienda habitual, aplazar el alzamiento hasta un máximo de 30 días. Durante este periodo, las partes podrán seguir negociando una posible solución al conflicto.
FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
La notificación ha sido trasladada por la comitiva judicial en el propio inmueble, donde desde primera hora de la mañana se habían concentrado decenas de personas en señal de apoyo a la familia afectada en una movilización impulsada por el Sindicato de Vivienda de La Rioja.
«Es el primer caso de antidesahucio para nosotros. Es una pequeña victoria, pero estamos muy orgullosos», ha señalado el portavoz del Sindicato de Vivienda, Álvaro Marqués. «Hemos convocado a toda la gente posible y la respuesta ha sido masiva. Nos quedamos con el ‘no pasarán’», ha añadido.
No obstante, ha advertido de que la situación no está resuelta. «Se trata de una paralización y el proceso se retomará. Volveremos a estar aquí para intentar pararlo de nuevo», ha afirmado, subrayando que el colectivo acudirá a servicios sociales para tratar de encontrar una alternativa habitacional.
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La mujer reside en una vivienda propiedad del fondo de inversión Témpore Properties SOCIMI S.A., vinculado a la SAREB, con un contrato de alquiler firmado en 2021 y con una duración de siete años. El origen del procedimiento se remonta a 2022, cuando se le reclamó un supuesto impago que, según el sindicato, no existía.
De acuerdo con esta versión, esos meses corresponderían a una compensación económica pactada con la propia empresa, pero que el fondo habría utilizado para judicializar el caso. La inquilina habría aportado documentación para acreditarlo (contratos, correos electrónicos y burofax) que, según denuncian, no fue aceptada ni valorada. «No sabemos qué más se necesita para acreditar evidencia física», ha lamentado Marqués.
El sindicato también ha denunciado «un historial de acoso inmobiliario» por parte de la propiedad. «Han usado tácticas mafiosas, desde obligarla a firmar renovaciones de contrato, amenazas de intervención policial y hasta inventarse deudas que ya estaban pagadas», sostienen.
Asimismo, han cuestionado el procedimiento judicial al considerar que no se ha tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia. Según han indicado, el informe correspondiente llegó a presentarse, pero fue desestimado por el juez.
Durante la mañana, la tensión ha sido evidente. La inquilina, que ya había comenzado a vaciar la vivienda en los días previos, ha tenido que ser atendida por un cuadro de ansiedad, lo que ha obligado a la intervención de una ambulancia.
Por su parte, Mariola Gutiérrez, presente en la concentración, ha denunciado la situación de la afectada. «Estamos aquí porque es una persona vulnerable y no debería ser desahuciada, aunque el juez lo haya denegado», ha afirmado. «No entendemos por qué la justicia no está siendo justa. Es más, debería ser el propio juez quien solicitara el informe de vulnerabilidad en un caso así».
Gutiérrez también ha cargado contra el propietario del inmueble, al que ha calificado como «un fondo buitre, especulador», y ha asegurado que posee gran parte del edificio a través de distintas sociedades. «No entendemos que un juez deje a una familia en la calle en estas condiciones», ha añadido.
Además, ha señalado que la situación vivida por la inquilina «le podría pasar a cualquier persona» y ha destacado «todo lo que ha tenido que pelear contra la propiedad», en un contexto que, según ha apuntado, también afecta a otros vecinos del inmueble.
Aunque la suspensión ha rebajado la tensión en la zona, el caso continúa abierto y queda ahora a expensas de las posibles negociaciones que puedan desarrollarse durante el plazo concedido.
Desde el sindicato interpretan este caso como parte de una dinámica más amplia. Denuncian la «falta de escrúpulos» y la «impunidad» de los grandes propietarios, así como lo que consideran una «complicidad» de los intereses económicos en este tipo de procesos.
El colectivo también ha querido poner el foco en una realidad que, a su juicio, sigue siendo poco visible en La Rioja. «Se tiende a pensar que esto solo pasa en grandes ciudades, pero aquí también ocurre y es gravísimo», ha subrayado Marqués, quien ha recordado que el pasado año se registraron 85 desahucios en la comunidad.
Aunque la suspensión ha rebajado la tensión en la zona, desde el sindicato advierten de que la situación sigue sin resolverse de forma definitiva y que el caso continúa abierto de cara a las próximas semanas. «Logroño y La Rioja no se van a quedar de brazos cruzados» ante este tipo de situaciones.
