La Rioja se ha situado entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de trabajadores temporales en el sector público, con una tasa del 28,5 por ciento, casi dos puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 26,8 por ciento, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
El dato coloca a la comunidad riojana en una posición intermedia-alta dentro del mapa nacional de temporalidad pública. Aunque lejos de regiones como País Vasco (38,5 por ciento), Canarias (37,8 por ciento) o Navarra (34,9 por ciento), La Rioja supera claramente a territorios como Cataluña (20,2 por ciento), Galicia (22,2 por ciento) o Madrid (23,2 por ciento).
En términos absolutos, La Rioja cuenta con 6.600 empleados temporales en las administraciones públicas, una cifra muy inferior a la de grandes comunidades como Andalucía, con 153.000 temporales; Madrid, con 120.000; o la Comunidad Valenciana, con 105.500. Sin embargo, el porcentaje riojano refleja que prácticamente tres de cada diez trabajadores públicos en la región mantienen una situación de interinidad o temporalidad.
El contexto adquiere además una especial relevancia después de la sentencia del Tribunal Supremo conocida esta misma semana, que cambia el escenario jurídico para miles de empleados públicos temporales en toda España. La resolución abre la puerta a que trabajadores que hayan sufrido abuso de temporalidad y hayan superado un proceso selectivo puedan obtener la condición de fijos, aunque no lograran plaza.
Según el texto distribuido por EFE, los trabajadores públicos riojanos afectados, al igual que en el resto del país, deberán acudir a los tribunales para reclamar indemnizaciones o solicitar la fijeza conforme a esta nueva doctrina judicial.
La sentencia también contempla indemnizaciones compensatorias para quienes hayan sufrido abuso de temporalidad sin haber superado un proceso selectivo. El Supremo establece como referencia sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros, aunque deja abierta la posibilidad de elevar esas cantidades si se acredita un perjuicio mayor.
Sindicatos como UGT y CCOO consideran que la resolución supone un avance, aunque insisten en la necesidad de una reforma legal que reduzca la elevada temporalidad estructural en las administraciones públicas.
