La Rioja

El Gobierno retoma el proceso para declarar La Retorna como BIC

El futuro de La Retorna vuelve a moverse. Y esta vez, de forma decisiva. El Gobierno de La Rioja ha anunciado que retoma el procedimiento para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) este histórico conjunto hidroeléctrico del alto Najerilla, después de que el Ministerio de Cultura haya comunicado que la competencia corresponde a la comunidad autónoma.

La decisión llega tras un cambio de criterio por parte del Gobierno central. En octubre de 2024, la Abogacía del Estado había señalado que la posible declaración debía tramitarla el propio Ministerio, al encontrarse gran parte de las instalaciones en dominio público hidráulico. Sin embargo, ahora, esa interpretación se modifica y el proceso vuelve a manos del Ejecutivo riojano.

Desde el Gobierno regional se ha recibido la comunicación «desde el respeto institucional», aunque se reconoce que existe una diferencia clara entre ambos posicionamientos. En cualquier caso, la postura de La Rioja se mantiene intacta: siempre ha sido favorable a la conservación del conjunto. Por eso, ahora retoma un procedimiento que ya había iniciado anteriormente basándose en criterios técnicos y con el aval unánime del Consejo Superior del Patrimonio Cultural de La Rioja.

Pero este movimiento no resuelve el fondo del problema. Más bien lo reordena. Porque La Retorna no es solo un expediente administrativo, sino un conflicto en el que confluyen intereses muy distintos y, en muchos casos, enfrentados.

Por un lado, está el valor patrimonial. La infraestructura, diseñada en los años 40 por el ingeniero logroñés Carlos Fernández Casado, es considerada por numerosos expertos como una obra destacada de la ingeniería del siglo XX. No se trata solo de una presa, sino de un conjunto complejo de elementos —azudes, canales, viaductos y central— que forman parte del paisaje y de la historia de la comarca.

A este argumento se suma el energético. La central hidroeléctrica puede seguir produciendo electricidad renovable, lo que la convierte en una instalación útil en términos de sostenibilidad y autosuficiencia energética. Para sus defensores, mantener La Retorna no es solo preservar el pasado, sino también aprovechar un recurso presente.

Sin embargo, frente a estas razones se sitúa el criterio medioambiental, que fue el que impulsó el inicio del conflicto. En junio de 2022, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) decidió extinguir la concesión tras cumplirse los 75 años establecidos y ordenó la demolición de la infraestructura. El objetivo era claro: restaurar la continuidad del río Najerilla y recuperar los ecosistemas de ribera en una zona de alto valor ambiental integrada en la Red Natura 2000.

Esa decisión fue respaldada por la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón avaló la demolición, al considerar aplicable la normativa que permite retirar infraestructuras en dominio público hidráulico una vez finalizada la concesión. No obstante, el caso sigue abierto. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación que deberá determinar si la solicitud de declaración como BIC puede influir en esa orden de derribo.

Ese es, en realidad, el punto clave. Porque lo que está en juego no es solo el destino de La Retorna, sino el equilibrio entre dos modelos: el de la conservación patrimonial y el de la restauración ambiental.

Mientras tanto, las posiciones siguen muy definidas. El Gobierno de La Rioja apuesta por la protección del conjunto y retoma ahora el procedimiento administrativo. Los ayuntamientos de la zona —Brieva, Ventrosa y Anguiano— también defienden su mantenimiento, vinculándolo además a posibles beneficios económicos para el territorio.

En el lado contrario, los colectivos ecologistas insisten en que la demolición es necesaria para recuperar el río y sus ecosistemas.

Así, La Retorna se mantiene en un terreno incierto. La Rioja ha dado un paso importante al reactivar el proceso, pero la decisión final no dependerá solo de la administración autonómica. También está en manos de los tribunales, que en principio no podrían ejecutar el derribo si el bien se declara de interés cultural.

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