La convocatoria de ayudas a la cosecha en verde para este 2026 contabiliza a 619 viticultores como solicitantes para realizar esta práctica de retirada de racimos antes del 15 de julio en unas 1.602,42 hectáreas. Del total de profesionales, 34 agricultores han adquirido el compromiso de arranque voluntario de viñedo que se estrenaba este año en la nueva orden reguladora para actuar en 80,48 hectáreas repartidas en 69 parcelas.
Una de esas parcelas es la de Miguel. Tiene 71 años y cuando cumplió los 65 años decidió acogerse a la jubilación activa (cobrando el 50 por ciento de la pensión) para continuar en el campo. Como «verdulero», como se define, y con esa hectárea y media de viña también. Pero el tiempo corre y cada vez más cerca su retirada profesional definitiva. «La edad no perdona y en algún momento tendré que dejar el campo. No tengo a nadie por detrás, en mi caso no hay relevo generacional, así que tengo que ir pensando ya en qué medidas tomar», apunta este agricultor de Calahorra.
Una de ellas ha sido acogerse a ese posible arranque de viñedo subvencionado que le exige eliminar esa parcela solicitada, una obligación de la que solo se libraría en el supuesto de que el Gobierno de La Rioja no convoque ninguna ayuda en los próximos cinco años siguientes a la concesión o que el viticultor solicite esa ayuda y no resulte beneficiario por razones que no le sean imputables.
«La rentabilidad del viñedo está bajo mínimos, pero el problema real que me lleva a tomar esta decisión es la falta de sucesión, así que entiendo el arranque como una una salida para ello, una solución. Lo que tengo claro es que la viña me la quiero quitar como sea y si finalmente no convocan ayudas, tendré que valorar otras opciones. Tal vez aguante algún año más con ella hasta que la venda, pero poco a poco habrá que ir dejando todo», recalca quien se ha dedicado toda la vida a la verdura calagurritana, teniendo la viña como «un complemento» para su economía.
Cabe recordar que esta medida que todavía está ‘en barbecho’, sin medidas concretas ni convocatoria anunciada, ni siquiera primas establecidas. Lo que sí plantea el Gobierno de La Rioja es un rango de unos 4.000 a 6.000 euros por hectárea como ayuda por beneficiario, pero el importe, en cualquier caso, vendrá «limitado por Europa y que responde al coste de arranque más una campaña en blanco».
Y es que la financiación para esta futura partida procedería, como otras medidas de apoyo al sector, de los fondos europeos de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), de los que España recibe 202 millones de euros al año. El llamado ‘paquete vino’ aprobado en Europa incluye el arranque como una nueva medida de crisis, pero para que dicha práctica tenga una partida concreta, el Ministerio debe modificar el real decreto nacional de aplicación del ISV. Además, con esta nueva legislación los estados podrán aportar un 30 por ciento de fondos propios.
