En las grandes ciudades, hablar de salud mental empieza a dejar de ser tabú. Proliferan las consultas privadas, las campañas institucionales, los centros especializados… El mensaje de que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad cala poco a poco. Pero, ¿qué ocurre cuando se vive en un pueblo de 40, 100 o 200 habitantes? ¿Qué pasa cuando el psiquiatra más cercano está a una hora de carretera secundaria? ¿Cuando todos se conocen y el «qué dirán» pesa más que el propio malestar?
En la llamada España despoblada, la salud mental sigue siendo, muchas veces, un asunto silencioso. Y de eso precisamente hemos hablado en este capítulo del podcast Mentes Abiertas (disponible en Ivoox, Spotify y Apple Podcast) con Vanesa Vadillo, psicóloga rural y coordinadora de un proyecto pionero de atención comunitaria en pequeños municipios (Asafes).
«La enfermedad mental no entiende de clases ni de zonas geográficas», explica Vanesa. «Pero sí hay factores que protegen y factores que ponen en riesgo. Y yo diría que en la zona rural hay más factores de riesgo que de protección».
La evidencia científica señala que la accesibilidad geográfica influye directamente en la utilización de servicios sanitarios. La Organización Mundial de la Salud advierte de que la falta de servicios cercanos y el transporte limitado incrementan el riesgo de diagnóstico tardío y abandono terapéutico, especialmente en trastornos graves.
Vanesa lo resume desde la práctica diaria: «La dispersión geográfica y el alejamiento de los recursos dificultan muchas veces la accesibilidad a la atención que necesitas». Cuando pedir ayuda implica una hora de coche, si se dispone de coche, la consulta deja de ser un gesto sencillo.
El retraso no es un detalle menor. En salud mental, como en cualquier otra patología, el tiempo condiciona el pronóstico. «Yo siempre les explico a las familias que esto es como cualquier enfermedad. Cuanto antes se atienda y antes se busque solución, mejor será la evolución», señala. Sin embargo, en muchos pueblos el malestar se guarda, se minimiza o se disfraza hasta que estalla.
A la distancia física se suma la cultural. En entornos donde todos se conocen, el estigma sigue muy presente. «La enfermedad mental sigue asociándose al loco agresivo y al peligroso», apunta Vanesa, y en trastornos como la depresión aún persiste la idea de que es «falta de voluntad» o incluso «vaguería». Ese imaginario pesa sobre las familias, que temen el tema de conversación del pueblo. «Nadie quiere ser la persona señalada, y esa presión social hace que muchos opten por el silencio».
Paradójicamente, la misma comunidad que puede convertirse en fuente de rumor es también la primera línea de detección. En la mayoría de los casos es la familia quien percibe que algo no va bien: cambios en el sueño, en la alimentación, consumo de alcohol u otras sustancias, conductas extrañas. «Quien lo va a detectar es quien está en el día a día». Cuando no hay familia o esta no pide ayuda, pueden intervenir profesionales de servicios sociales o el médico de Atención Primaria. Y, en ocasiones, son los propios vecinos quienes dan la voz de alarma, aunque «normalmente cuando la situación ya se ha desbordado». Entonces acuden a quien en el municipio sea referente: «Antes eran más los curas; ahora puede ser el médico de familia o la trabajadora social».
Ese engranaje comunitario resulta decisivo en territorios donde los recursos especializados son escasos. Vanesa recuerda el caso de una mujer de unos 40 años en un pequeño municipio riojano. Los vecinos escuchaban gritos y temían por la seguridad de sus padres, ambos muy mayores. No había diagnóstico previo. «Teníamos dos focos: proteger a esas personas mayores y poder ayudar a esta mujer que estaba sufriendo mucho», relata.
La intervención exigió coordinación entre servicios sociales y el equipo de salud mental rural, y finalmente fue necesario un ingreso involuntario. Durante ese proceso, el trabajo no se limitó a contener la crisis: «Intentamos conocerla, generar vínculo, ver qué había detrás». Y detrás había una historia de abusos, pérdidas y trauma. Tras la estabilización y el tratamiento adecuado, pudo acceder a un recurso residencial específico y a un empleo protegido.
Tradicionalmente, en el ámbito rural se atendía sobre todo a personas con trastornos mentales graves y cronificados, como esquizofrenia o trastorno bipolar. Sin embargo, el perfil está cambiando. «Cada vez nos llegan casos más jóvenes». La mayor sensibilización social ha facilitado que se pida ayuda antes, aunque también preocupa ver «situaciones muy complicadas desde edades tempranas». La depresión, que antes apenas motivaba consultas, aparece ahora con más frecuencia; entre adolescentes crecen las autolesiones y los problemas relacionados con la ideación suicida. «Es un tema que se está rompiendo el silencio, pero desafortunadamente cada vez atendemos más casos».
A ello se suman factores específicos del medio rural, como la soledad no deseada o la normalización del consumo de alcohol. «Es un tema que está muy normalizado en los pueblos y que afecta mucho a la salud mental». De ahí que la respuesta no pueda limitarse a la intervención individual.
Cuando se le pregunta qué necesitaría la España rural para mejorar la atención, la psicóloga reconoce que «lo fácil sería decir más recursos», profesionales que puedan atender en los pequeños municipios o, al menos, sistemas de transporte que faciliten el acceso a los existentes.
Pero añade otra dimensión: «Trabajar mucho la sensibilización, que la gente conozca lo que es la enfermedad mental, que le quite el miedo y que sepa cómo detectarla y qué recursos hay». También reivindica el trabajo en red y comunitario, imprescindible en contextos donde «el trabajo puede ser muy solitario» y donde la cercanía obliga a intervenir con una mirada distinta a la urbana.
