La Rioja encabeza la inversión pública por persona dependiente, con 7.537 euros, seguida de seguida de País Vasco (6.567) y Castilla La Mancha (6.432 euros), según los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia difundidos este viernes.
La horquilla de la inversión que se da a las personas en situación de dependencia es muy amplia, con una media en España de seis mil euros y a la cola, se sitúan Aragón (4.020 euros), Asturias (4.045) y Ceuta y Melilla (4.264).
La Rioja también es la comunidad que ofrece mejor relación entre servicios y prestaciones, con un 13 por ciento de prestaciones en relación a los servicios, de acuerdo con los datos de la Escala de Valoración de la Dependencia a cierre de 2025, presentados por este Observatorio de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
En el otro extremo está Baleares donde es mayoritario la cobertura a través de prestaciones (75,4 por ciento), la Comunidad Valenciana (72,8 por ciento) y Cataluña (63,3 por ciento). «Un mayor volumen de gasto público no implica necesariamente hacerlo mejor. Sí denota voluntad política e inversora», indica el Observatorio.
Por otra parte, la misma fuente indica que Castilla-La Mancha y Castilla y León son las comunidades mejor puntuadas por este Observatorio, que evalúa a través de 20 indicadores un sistema que atiende en España a 1,6 millones de personas y mantiene en espera a otras 258.167, aunque a distintas velocidades y con distintos modelos territoriales.
Aprueba solo a seis comunidades, teniendo en cuenta indicadores como beneficiarios, gasto, listas de espera, servicios, empleos directos y solicitudes, entre otros. «Hay una desigualdad terrible, según dónde viva la persona dependiente encuentra unas prestaciones o servicios; solo seis comunidades han aprobado y la nota media en España es de 4,8, por lo tanto suspende el desarrollo de la dependencia», ha señalado su presidente, José Manuel Ramírez.
Castilla-La Mancha (con un 8,2) y Castilla y León (7,5) alcanzan la mejor puntuación; mientras que Extremadura (2,2), Ceuta (2,5), Melilla (2,5), Murcia (3,2), Cataluña (3,2) y Cantabria (3,5), están a la cola.
El resto de las comunidades que consiguen aprobar son Andalucía (6,7), Galicia (6,7), Comunidad Valenciana (5,7), Aragón (5,2); suspenden también Navarra (4,7), Asturias (4,5), Canarias (4,5), Madrid (4,5), Baleares (4,2), País Vasco (4) y La Rioja (4).
Más beneficiarios, pero con servicios y prestaciones de bajo coste
Hay 1,7 millones de personas que tienen reconocido ese derecho (147.612 respecto al año anterior) y 158.618 personas más han sido atendidas. Pero el aumento de los beneficiarios se ha hecho a costa de prestaciones y servicios con menor coste, ha señalado Ramírez. Por ejemplo, el 44,6 por ciento de las personas beneficiarias del sistema son atendidas con la prestación de cuidadoras familiares, con un importe medio mensual de 264 euros (lo perciben actualmente 735.889 personas).
En España, 66.246 personas reciben como prestación única la Teleasistencia, 273 más que en 2024: cuatro de cada diez de estos casos (41 por ciento) se producen en la Comunidad de Madrid (27.137).
El estudio destaca que para optar por un modelo de atención que permita vivir en sus hogares es necesario reforzar la Ayuda a Domicilio. Sobre ese servicio, Navarra lo presta con 76,9 horas de media mensuales, Galicia con 53 horas y Canarias con 49 horas. Con menos de una hora diaria de media están Aragón (18,6), País Vasco (24,8) y Castilla la Mancha (25,6).
Cataluña, la comunidad con más fallecidos en espera
Se mantienen en espera 258.167 personas: 148.907 con derecho reconocido sin atención (6.441 más que el año anterior) y 109.260 pendientes de valoración (18.619 menos que hace un año); murieron 32.704 personas, solo en Cataluña 9.116, la comunidad con mayor número de personas fallecidas a la espera de un procedimiento.
En Cataluña y Andalucía, con más del 56 por ciento del total, es donde más se concentran las personas fallecidas que esperaban ser valoradas. Y en Cataluña también, fallecieron más del 31 por ciento de personas a la espera de prestación.
«No fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Hay que recordar que cada 16 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la ley, 90 personas al día», ha añadido Ramírez.
El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de 341 días, siete más que el año anterior. En Murcia (559 días), Andalucía (496 días) y Canarias (430 días) esperan más de año y medio en recibir una prestación o servicio de la dependencia.
En 2025 se alcanza un máximo de inversión en el sistema, con 13.506 millones de euros, el 0,8 por ciento del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE. «Sería necesario aumentar en mil millones en los próximos presupuestos para pasar de las buenas intenciones a una realidad que no puede esperar», ha aseverado. A lo largo de 19 años de aplicación del sistema, más de 4 millones de personas han recibido atenciones, mientras que 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.
