La Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) sostiene que «cumple a rajatabla» la legalidad vigente respecto a la construcción de vivienda protegida (VPO), ha asegurado este jueves su secretario general, Juan Ramón Liébana.
En este sentido ha expresado, en una rueda informativa, la postura de la CPAR en relación a la «demagogia y crispación política» generada con las 104 viviendas de VPO privadas licitadas por el Ayuntamiento de Logroño y adjudicadas por las promotoras sin un sorteo público.
Las empresas constructoras y promotoras se dedican a «hacer vivienda, no política», en referencia a las críticas realizadas por el PSOE y el PR+ de Logroño a esta adjudicación de VPO, en la que la propia concejala de Vivienda del Ayuntamiento reconoció que estos inmuebles «podrían haber elegido ‘a dedo’ a los adjudicatarios, pero no lo han hecho».
Liébana ha enfatizado que las constructoras y promotoras cumplen con las cláusulas del pliego municipal para este tipo de viviendas, que cuenta también con «todas las garantías» de la Intervención Municipal, así como lo establecido en la normativa autonómica de vivienda.
El Instituto Riojano de la Vivienda gestiona la presentación de solicitudes para las viviendas de VPO, pero son las empresas constructoras, en cumplimiento con la normativa vigente y lo establecido en la misma, ha recalcado Liébana, las que seleccionan a los compradores porque tienen que asegurarse la garantía de pago.
Además, ya no se contemplan préstamos cualificados para vivienda de VPO, por lo que su financiación es de mercado libre; «las empresas no venden humo» y tienen que asegurarse una solvencia económica del posible comprador, ha insistido el secretario general de la CPAR.
Este tipo de promociones, que se venden a precio tasado y que en este caso rondan los 200.000 euros por vivienda; requieren también que las empresas busquen fórmulas que introduzcan seguridad jurídica.
Liébana también ha asegurado que ningún grupo municipal de Logroño ha recurrido en un año las cláusulas del pliego municipal de cláusulas administrativas que establece el procedimiento para acceder a este tipo de viviendas, cuando ha sido público . Por ello, ha tratado de «desmontar» lo que ha incidido en denominar «esta demagogia y crispación política» generada con estas viviendas en Logroño, que, además, «genera falsas expectativas en los ciudadanos».
«Ni un céntimo de suelo autonómico»
También este jueves, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés, ha defendido que el Ayuntamiento de Logroño tiene «la facultad de optar por el modelo que estime oportuno» de adjudicación de Viviendas de Protección Oficial (VPO).
Osés ha respondido así a una pregunta formulada en el pleno del Parlamento riojano por el diputado del Grupo del PSOE Sergio Martínez relativa al pliego del Consistorio logroñés que ha permitido la adjudicación por parte de las promotoras de 104 VPO que se construirán en suelo municipal.
El consejero de Política Local ha explicado que «la Ley es muy clara» en la definición de quién puede optar a una VPO: «Estar en el registro de solicitantes, no tener otra vivienda en propiedad y estar empadronado en La Rioja». Ha indicado que «la labor del Gobierno riojano es comprobar que se cumplen esos requisitos en el momento de inscribirse y de visar el contrato», mientras que «es facultad de las administraciones (locales) optar por el modelo que estimen oportuno».
Osés, asimismo, ha añadido que en la promoción del Ayuntamiento de Logroño de 104 VPO «no hay ni un céntimo del Gobierno regional ni un centímetro de suelo de esta comunidad autónoma». Por tanto, ha instado al PSOE a «respetar las competencias municipales y las facultades de la ley», aunque «podrá estimar del pliego lo que usted estime».
El PR+ exige pruebas
El concejal regionalista de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha exigido este jueves al Gobierno local del PP pruebas de que se ha cumplido la ley en la adjudicación de estas 104 viviendas de protección oficial (VPO) en la capital riojana.
Antoñanzas ha criticado la falta de autocrítica de la concejala de Vivienda, Patricia Sainz, en la gestión de la vivienda protegida y ha reclamado que rectifique sus «desafortunadas» declaraciones al «reconocer que las VPO podían haberse dado ‘a dedo’».
Sainz «no solo no asume responsabilidades, ni hace autocrítica, sino que, encima, echa la culpa a la oposición y a los técnicos. Es el mundo al revés», ha añadido, subrayando que la ausencia de un sorteo público «no ha sido una decisión técnica, ha sido una decisión política».
El edil regionalista ha recordado que Sainz ha desarrollado su trayectoria profesional en el Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) durante dos décadas, por lo que el hecho de que «reconozca la simple posibilidad de que las VPO se hayan dado ‘a dedo’ es de una gravedad extrema y de una falta de sensibilidad absoluta».
Con todo, confía en que, en el próximo pleno municipal, Sainz y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, aclaran las incógnitas relacionadas con este proceso de adjudicación y si ha habido plenas garantías de publicidad y concurrencia pública entre todos los inscritos en el IRVI.
