El anuncio del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha abierto un debate profundo en hogares, centros educativos y espacios profesionales. Más allá del ruido político o de la dificultad técnica para hacer efectiva la medida, hay una cuestión que lleva tiempo en el aire: si los adolescentes están realmente preparados para gestionar un entorno digital tan potente como el actual. Para Teresa Pascual, psicóloga y responsable del proyecto Reconecta de Proyecto Hombre la respuesta es clara: «Con esta medida vamos en la dirección correcta, pero falta ver cómo se va a concretar porque no es fácil».
Pascual trabaja a diario con menores y familias desde el Proyecto Reconecta, y su experiencia la lleva a valorar positivamente la propuesta del Ejecutivo. «Creemos que es un avance importante. Poner un límite de edad es necesario porque, sencillamente, no les podemos pedir que se autorregulen cuando su cerebro todavía está en pleno desarrollo, no están preparados», explica. A su juicio, el problema no es solo el contenido al que acceden (que también), sino la intensidad del estímulo constante al que se ven expuestos. «Las redes funcionan de una forma muy similar a las sustancias: generan dependencia, refuerzos inmediatos y una dificultad enorme para parar».
Los datos con los que trabaja su equipo refuerzan esta preocupación. «La primera demanda entre los jóvenes sigue siendo el consumo de cannabis, pero la segunda ya es el abuso de móviles, redes sociales y videojuegos», señala. En el último año, el 15 por ciento de los menores atendidos acudieron por problemas directamente relacionados con el uso de pantallas, y en el caso de las familias el porcentaje se eleva hasta el 32 por ciento. «Las consecuencias que vemos son muy claras: fracaso académico, aislamiento, abandono de actividades, conflictos familiares y reacciones agresivas cuando se intenta poner un límite».
Uno de los grandes problemas, apunta Pascual, es que los adolescentes se enfrentan a situaciones para las que no tienen herramientas. «Cuando entran en redes sociales tienen acceso ilimitado a contenidos extremos, a modelos irreales, a violencia, a sexualidad descontextualizada. Eso no es la realidad, pero ellos todavía no tienen capacidad para filtrar ni relativizar». A esto se suma la sobreestimulación. «Los vídeos, los ritmos, los impactos visuales… luego les pedimos que mantengan la atención en un aula sin tantos estímulos. Es una contradicción».
La psicóloga insiste en que no se trata de demonizar la tecnología. «Tiene una parte muy positiva y es una herramienta que ha llegado para quedarse. El problema es la edad de acceso y la falta de límites». De hecho, reconoce que incluso los adultos tienen enormes dificultades para autorregularse. «Si a nosotros nos cuesta dejar el móvil, ¿cómo vamos a exigirle a un chaval de 13 o 14 años que lo haga bien?», se pregunta.
En este contexto, la medida anunciada por el Gobierno podría facilitar el trabajo de las familias. «Igual que ocurre con el alcohol o el tabaco, el hecho de que algo esté prohibido ayuda a poner el límite fuera de casa. No es ‘porque lo digo yo’, es porque no se puede». Aun así, Pascual advierte de que el reto será materializar esa prohibición. «Hasta ahora los límites de edad son muy fáciles de saltar. Necesitamos sistemas más eficaces, aunque sepamos que nunca serán infalibles».
Mientras tanto, el papel de las familias sigue siendo clave. «Es fundamental poner límites desde el principio, entender el móvil como una herramienta y no como un regalo, y establecer normas claras con consecuencias coherentes», explica. Pero también pide realismo. «No existe un manual perfecto. Cada familia tiene que encontrar límites que pueda sostener en el tiempo. De nada sirve ponerlos muy rígidos si a la semana se abandonan porque generan demasiado conflicto».
Otro aspecto esencial es la supervisión activa. «No se trata de controlar desde el castigo, sino de interesarnos por lo que ven, por a quién siguen, por qué les atrae. Entrar en su mundo digital para entenderlo». Y también, añade, predicar con el ejemplo. «Los adultos tampoco lo ponemos fácil».
Estas reflexiones serán parte central de la Escuela de Familias que se desarrolla en el Centro Joven de Calahorra, con sesiones los días 11 y 18 de febrero, donde se abordará tanto el consumo de sustancias como el uso del entorno digital. «Las familias necesitan sentirse acompañadas. Esto es una negociación continua, una fuente constante de conflicto, y saber que no están solas es fundamental», concluye Pascual.
Apoyo del colegio de educadores sociales
El Colegio Profesional de Educación Social de La Rioja también ha valorado de forma positiva el paquete de medidas anunciado por el presidente Pedro Sánchez para reforzar la protección de la infancia en el entorno digital. A juicio del Colegio, estas iniciativas pueden convertirse en una herramienta clave de prevención de la violencia digital si se diseñan adecuadamente y se acompañan de políticas educativas y sociales.
La entidad considera que la propuesta encaja con el enfoque preventivo de la LOPIVI (Ley Orgánica de la protección integral a la infancia), que reconoce los riesgos específicos de Internet para niños y adolescentes —como el ciberacoso, el grooming, el sexting o la exposición a contenidos sexuales— y defiende la creación de entornos digitales seguros. En este sentido, subraya que la protección no puede recaer únicamente en las familias o en la autorregulación, sino que exige obligaciones claras para las plataformas, retirada rápida de contenidos ilícitos y una verificación de edad que sea real y no meramente declarativa.
El Colegio destaca además que elevar la edad mínima responde a un principio de precaución avalado por la evidencia internacional, que alerta de riesgos para la salud mental y el bienestar en etapas tempranas del desarrollo. Asimismo, valora que las medidas pongan el foco en la responsabilidad de las plataformas y en el papel de los algoritmos, limitando la amplificación de contenidos dañinos y reduciendo la revictimización digital.
Por último, la organización insiste en que para que la protección sea efectiva debe garantizarse el respeto a la privacidad y a los derechos fundamentales, apostando por sistemas de verificación de edad que minimicen el uso de datos personales. Junto a ello, reclama educación digital sostenida, protocolos claros de actuación ante la violencia online y la participación activa de profesionales de la educación social, un perfil que la propia LOPIVI reconoce como clave en la intervención y prevención frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia.
