La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en La Rioja (FeSMC-UGT) ha valorado positivamente la sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado 18 de diciembre, que ha estimado el recurso interpuesto por el sindicato contra el convenio colectivo de empresa de Alcor Seguridad, S.L., adjudicataria del servicio de vigilancia del Centro de la Cultura del Rioja (CCR) de Logroño.
La sentencia declara nulas las tablas salariales de dicho convenio de empresa por no haberse adaptado al Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, y reafirma el principio introducido por la reforma laboral que impide rebajar los salarios por debajo del marco sectorial mediante convenios de empresa.
Para UGT, esta decisión judicial supone «un freno a las prácticas de ‘dumping’ social y precarización laboral que afectan al sector de la seguridad privada», especialmente en contratos públicos como el del CCR.
El sindicato recuerda que ya había denunciado públicamente en su momento la adjudicación del contrato por parte del Ayuntamiento de Logroño a favor de Alcor Seguridad, alertando sobre los reiterados incumplimientos laborales de la empresa, que contaba con múltiples sentencias en su contra en otras provincias y un convenio propio con condiciones inferiores al estatal.
La sentencia del Supremo refuerza la posición defendida por UGT, que ha anunciado que iniciará ahora las reclamaciones económicas correspondientes para los trabajadores afectados. Asimismo, insta a todas las administraciones públicas, especialmente a las locales, a que exijan el cumplimiento estricto del convenio sectorial en sus licitaciones y contratos.
FeSMC-UGT advierte de que adjudicar contratos a empresas que no respetan los derechos laborales «deriva en precariedad, competencia desleal y en una merma de la calidad del servicio», especialmente cuando se trata de equipamientos culturales y públicos financiados con fondos públicos.
Por ello, ha reiterado su compromiso de mantener la vigilancia activa sobre la ejecución de contratos públicos en la región, y ha pedido que los pliegos y cláusulas administrativas sean revisados para incluir mecanismos de control que garanticen la aplicación del convenio estatal del sector y prevengan futuras irregularidades.
