En los últimos días se están publicando numerosas noticias sobre lo que ocurre en el Centro Leo Kanner, perteneciente a la asociación ARPA Autismo Rioja. Mientras parte de la ciudadanía se muestra sorprendida y otra prefiere mirar hacia otro lado, personal del centro asegura que quienes llevan años dentro conocen desde hace tiempo una verdad que ahora, por fin, comienza a asomar: «Era imprescindible que todo esto saliera a la luz, por doloroso que resulte leerlo, escucharlo o aceptarlo. La justicia no puede actuar sobre silencios, y aquí ha habido silencio durante demasiado tiempo».
Con varios años a sus espaldas trabajando en el centro, algunos trabajadores explican que han permanecido allí «no por comodidad ni por estabilidad, sino porque las personas usuarias se convierten en familia». Aseguran que son ellas «quienes te sujetan cuando el propio sistema intenta derrumbarte y que son la única razón por la que muchos trabajadores seguimos, aun sabiendo que cada día entramos en un entorno que castiga más a quien denuncia que a quien maltrata».
Según relatan, «no es fácil ir a trabajar con el nudo en la garganta sabiendo que cualquier palabra puede volverse en tu contra ni tampoco mantener la esperanza cuando ves que quienes deberían proteger son quienes miran hacia otro lado».
Esta semana se habla mucho de los hechos terribles que han salido a la luz, y afirman que sí, que son muchos, «muchos más de los que han aparecido en prensa». Pero también señalan algo que considera necesario subrayar: «Detrás de cada titular hay un equipo de trabajadores que ha luchado contra viento y marea para proteger a los usuarios y destapar todo lo que estaba ocurriendo». Aseguran que esa lucha se hizo desde dentro, «sin la protección de nadie, a sabiendas de que quienes tenían que escucharnos no lo harían. Aun así, lo hicimos».
Y toda esta lucha se ha llevado a cabo «sin apoyo de Servicios Sociales, de la fundación tutelar ni del Gobierno de La Rioja, y por supuesto, sin el apoyo de la dirección de ARPA Autismo Rioja, que durante años actuó como si no supiera absolutamente nada pese a recibir advertencias y comunicaciones formales».
Explican que se les avisó «por escrito, por teléfono, en reuniones», pero siempre era igual: silencio, evasivas o la típica frase de ‘estamos investigando’. Aseguran que esas investigaciones «nunca llegaron a ninguna parte porque nunca quisieron que llegara». Además denuncian que los trabajadores que decidieron luchar fueron «amenazados, vigilados por cámaras, acosados, castigados con expedientes sancionadores y llevados al límite emocional» y subrayan que «muchos terminaron de baja por ansiedad» y que otros ya no están en el centro. Y aun así, «jamás se cuestionó públicamente a la dirección del centro. La responsabilidad siempre caía hacia abajo, nunca hacia arriba», sostienen.
Según relatan, la reciente sentencia que condena a dos trabajadores por maltrato físico y vejatorio a una usuaria se inició gracias a la voz de alarma dada por otra empleada del centro. Cuentan que la sentencia viene de un correo electrónico de 2022 (así lo explicaba El Día de La Rioja) en el que se destapaban muchos más casos de maltrato. Ese correo, redactado anónimamente por una extrabajadora, recogía situaciones de extrema gravedad «que nunca debieron ser ignoradas».
Sin embargo, según denuncian, fue ocultado por Servicios Sociales, por ARPA Autismo Rioja y silenciado dentro del propio centro, «como si lo que en él se describía fuera una simple exageración y no una alerta urgente sobre el maltrato físico a personas».
También detallan lo que se recogía en ese correo: por ejemplo, el caso de un usuario con dificultades de movilidad que era obligado a correr en una cinta, provocándole caídas, heridas físicas, episodios de pánico y crisis de ansiedad. Subrayan que se trataba de «un sufrimiento completamente evitable que jamás debería haberse tolerado». Es más, este usuario no tenía familia que pudiera interceder por él y su tutela dependía íntegramente del Gobierno de La Rioja. «Pero no pasó absolutamente nada. Ni una sola persona de las instituciones citadas se personó en el centro para velar por su estado. Nadie».
Según relatan los trabajadores, la dirección del centro prefirió conceder a los hechos relatados en el correo «el beneficio de la duda», pero que ese beneficio «nunca se otorgó a las víctimas ni a quienes denunciaban ni a quienes pedían ayuda».
Tras la polémica interna por ese correo, la entonces directora del Centro Leo Kanner dejó su cargo. Sin embargo continuó ocupando el puesto de directora general de ARPA Autismo Rioja. Es decir, «el relevo se produjo únicamente en la dirección del recurso, pero la estructura superior permaneció exactamente igual». Para los trabajadores esto fue difícil de entender: «Se presentó el cambio como un paso hacia la renovación, pero en la práctica la persona que había dirigido el centro durante años continuó teniendo un papel decisivo dentro de la asociación».
Tras su dimisión hubo un director durante un año y después llegó la directora actual, procedente del Reino Unido. «Cambiaban los nombres, sí, pero no la fuente de las decisiones». Según los trabajadores, ahí es donde «todo se volvía casi irónico. ¿De qué sirve encadenar nuevas direcciones si ninguna tiene autonomía real? ¿Qué sentido tiene traer a profesionales para renovar el centro si sus decisiones dependen de la misma estructura que permitió años de silencios y malas prácticas?». Afirman que era difícil no plantearse si aquellas direcciones estaban para liderar «o simplemente para sostener una apariencia de cambio».
Además, apuntan que incluso bajo la nueva dirección se produjo un caso grave de maltrato que la estructura del centro intentó gestionar internamente, sin informar de manera inmediata ni transparente a las familias. Explican que ese episodio evidenció que, más allá de discursos y promesas de modernización —incluyendo la idea de difundir vídeos de la BBC sobre documentales de investigación sobre el maltrato—, las prácticas internas seguían guiándose por los mismos patrones: «minimizar, silenciar y evitar consecuencias externas».
También aseguran que la Policía Nacional falló cuando varios trabajadores acudieron a denunciar esta nueva situación: «Se nos dio largas con excusas de tiempos de espera, sugiriéndonos volver en otro momento». Según relatan, «nadie quiso escuchar lo que ocurría entre nuestras paredes». Y cuando los canales oficiales fallaban uno tras otro, solo quedaba «soportar, resistir y seguir documentando, esperando que algún día alguien escuche».
Tras la repercusión pública de los hechos, «parece que todos los organismos quieren lavarse las manos hablando de desconocimiento y sorpresa, pero los trabajadores conocemos la verdad que nadie quiso saber durante años».
Mientras tanto ellos están pagando el precio. Las redes se han llenado de odio hacia todos los trabajadores del centro Leo Kanner. Cuentan que la calle les señala y que muchos padres y ciudadanos prefieren meter a todos «en el mismo saco». Lamentan que no es justo para quienes se han dejado la salud mental intentando defender a las personas usuarias en un entorno hostil. «Lo más doloroso es que incluso algunos padres han defendido a la dirección pese a conocer lo sucedido. Ese es el poder de un sistema que protege a quien manda y castiga a quien habla».
Por último, aseguran que los trabajadores que han luchado son «personas de a pie intentando hacer lo correcto dentro de una estructura que durante años ha fallado a quienes más necesitaban protección». Personas que han trabajado con miedo pero también con convicción, y que han sido testigos de situaciones «que jamás deberían repetirse». Consideran que este momento no es el final, sino «el principio de algo que llevaba demasiado tiempo pendiente: la obligación de mirar de frente, asumir responsabilidades y garantizar que lo ocurrido no vuelva a ocurrir jamás. Porque las personas usuarias lo merecen, los trabajadores que han luchado lo merecen, y la sociedad, si quiere confiar en sus instituciones, también.
