En la España que presume de derechos y garantías, dos cuidadores han sido condenados por lo que las cámaras llamaron por su nombre: violencia. No fue un error, ni un arrebato. Fue brutalidad asistencial, fría y calculada, contra una mujer con autismo, desnuda y sin defensa, en la residencia pública Leo Kanner de Logroño. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 3, con fecha del 5 de diciembre, les impone un año y medio de prisión. Poco tiempo para tanta miseria moral.
Las imágenes son insoportables: la cama volcada, el cuerpo inerme golpeando el suelo, las manos que zarandean sin piedad. Hematomas en el brazo y el glúteo, y algo peor: el miedo, la confusión, la humillación. Todo ello en un lugar que debía ser refugio, no escenario de tortura.
La justicia añade una indemnización de 12.000 euros y la inhabilitación para trabajar con personas vulnerables. También señala a la empresa gestora, ARPA Autismo Rioja, como responsable civil subsidiaria. Culpa ‘in vigilando’, dicen los juristas. En lenguaje llano: mirar para otro lado mientras se pudre el sistema.
Porque esto no es un caso aislado. Hay más, antes y después de este. Y detrás, una Consejería de Servicios Sociales que incumple su deber constitucional de proteger a quienes no pueden protegerse. Artículo 49 de la Constitución: papel mojado cuando la inspección se convierte en trámite y la dignidad en estadística.
Para rematar la faena, hace tres meses alguien decidió anular las grabaciones de cámaras de video en los dormitorios. Esas mismas cámaras que destaparon el horror y que, hasta ahora, eran el único escudo contra la impunidad. Padres/ tutores y trabajadores dieron su consentimiento para que se mantuvieran. La empresa lo ignoró. Resultado: más oscuridad, más silencio, más riesgo. Porque en la noche sin testigos, el maltrato vuelve a ser invisible.
Este país tiene un problema que no cabe en titulares: la violencia contra los más frágiles. Y mientras se discute sobre protocolos y contratos, alguien, en algún lugar, está volviendo a volcar una cama.
Es hora de que las autoridades dejen de mirar hacia otro lado. Que la Consejería de Servicios Sociales cumpla su obligación constitucional y garantice inspecciones reales, no de papel. Que se restablezca la videovigilancia en dormitorios, con todas las garantías legales, porque es la única barrera entre la dignidad y la barbarie. Y que la sociedad entienda que la protección de los vulnerables no es un favor: es un deber.
Hoy, no mañana. Porque cada día sin control es un día más de riesgo, y detrás de cada protocolo roto hay una vida que se quiebra y unas familias dañada y destrozada.
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