Han pasado casi cuatro meses desde que la Audiencia Provincial de La Rioja condenase a Antonio Daniel García Domínguez y a Carlos Sergio Ribeiro Moutinho como asesinos de Guillermo Castillo (de 78 años), en el conocido como crimen de Cuzcurrita. Pero aunque lo ocurrido en la trágica madrugada del 2 de mayo de 2023 en la vivienda del popular hostelero tiene desde entonces una verdad jurídica, el procedimiento penal parece lejos de haber quedado zanjado y este viernes ha regresado a los juzgados.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha acogido la vista de apelación de la causa, en la que todas las partes se han reafirmado en las posturas que defendieron desde el primer minuto del juicio. La hija de Guillermo -representada por el mediático letrado Marcos García-Montes- mantiene su petición de elevar las penas impuestas (27 años de cárcel para cada uno de los asesinos) a la prisión permanente revisable, a lo que -salvo la representación legal del otro hijo de la víctima- se han opuesto las defensas de los acusados y la Fiscalía.
García-Montes ha fundamentado su petición entre reproches al Ministerio Público y al magistrado que dirigió el juicio, al que acusa de «arrogarse las funciones del jurado popular» ya que, según el letrado, el sentido de la sentencia choca con algunos puntos del veredicto, fundamentalmente la vulnerabilidad de Guillermo Castillo. «El presidente de la Audiencia se ha equivocado, si no le gusta el jurado que deje la carrera judicial», ha llegado a expresar el abogado, insistiendo en que «la prueba ya la valoró el jurado, que es el que decide la vulnerabilidad de la víctima». En su alegato, además, ha aludido a más de 50 sentencias que condenaron a los acusados a prisión permanente revisable.
Al igual que sucediera en el juicio, este planteamiento no han terminado por convencer a la fiscal del procedimiento, que considera que la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial es justa y los asesinos no merecen la máxima pena recogida en el Código Penal, puesto que «no existe una especial vulnerabilidad que justifique la prisión permanente revisable». «Si cupiera seríamos los primeros en pedirla, pero en este caso no cabe», ha subrayado Aida Iglesias, quien además ha recordado que «en el objeto del veredicto no se introdujo la condición de especial vulnerabilidad de la víctima para que el jurado se expresara al respecto».
Peticiones de absolución y el testigo protegido
Los dos asesinos del hostelero han estado presentes en una vista que se ha prolongado durante poco menos de dos horas. Y ellos también se han reafirmado en sus respectivas versiones exculpatorias, cruzando incluso algunos reproches entre sí. Sus abogados, al igual que defendieron en el juicio, piden al TSJR que considere la absolución de sus representados.
Por parte de Antonio Daniel García, esa defensa se sustenta en que «no se han practicado suficientes pruebas de cargo» que demuestren su participación en el asesinato de Guillermo. Así lo ha defendido su letrado, Manuel Sáez Ochoa, quien ha calificado como «irrelevantes, simples olvidos» las contradicciones (hasta ocho) en las que incurrió su representado durante el juicio.
Pero, sobre todo, ha incidido en que la ausencia del testigo protegido -en paradero desconocido- durante la vista oral ha condicionado el procedimiento, ya que no se han podido confrontar sus aseveraciones, que apuntaban a Carlos y otro implicado como autores del asesinato. Sáez Ochoa mantiene que ese otro acompañante no era Antonio Daniel y ha recordado que en el escenario del crimen se encontraron restos de ADN que no pudieron ser identificados.
Por último, la abogada de Carlos Sergio también ha reprochado que su representado no pudiera estar presente durante el interrogatorio al testigo protegido (pieza clave en la causa) y ha explicado que en la sentencia no se aplicó debidamente la atenuante de drogodependencia para Carlos.
Con todo, las casi dos horas en las que las partes han expuesto sus planteamientos este viernes constatan que, en el caso de que el TSJR tampoco altere la naturaleza de la sentencia, el procedimiento por el crimen de Cuzcurrita seguirá viviendo nuevos episodios en instancias judiciales superiores. Más si cabe porque, conviene recordar, Marcos García-Montes ya anunció que una vez la sentencia sea firme (cuando se agote el presente recurso y, si procede, el del Tribunal Supremo) solicitará la reapertura del procedimiento para tratar de incriminar a otros actores que, a su juicio, participaron en diferentes grados en estos terribles hechos y aún no han sido procesados por ello.
