El recorrido judicial del conocido como crimen de Cuzcurrita no llegó a su fin cuando la Audiencia Provincial emitió el pasado 27 de diciembre la sentencia contra los asesinos de Guillermo Castillo. La condena (de 27 años de cárcel para Carlos Sergio Ribeiro Moutinho y de 27 años y nueve meses para Antonio Daniel García Domínguez) no ha dejado satisfecha a ninguna de las partes personadas en la causa y ahora el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) es el escenario del nuevo capítulo de un suceso que ha despertado el interés de todo un país.
Era previsible que las defensas de los condenados recurriesen la sentencia con la intención de rebajar sus penas, pero Yolanda Castillo también está dispuesta a dar batalla para que los asesinos de su padre sean condenados a prisión permanente revisable, la máxima pena que contempla el Código Penal español.
De este modo, el bufete de Marcos García-Montes -que representa los intereses legales de la hija del hostelero- ya ha trasladado al TSJR un recurso de apelación en el que carga con dureza contra la forma de proceder del presidente de la Audiencia Provincial, Ricardo Moreno, e insiste en que la condena contra los dos procesados se eleve a prisión permanente revisable.
«Interferencias indebidas»
En su escrito -al que ha tenido acceso NueveCuatroUno-, Marcos García-Montes asegura que el magistrado se «excedió en las funciones» que le atribuye la Ley e «interfirió indebidamente» en la valoración de la prueba por parte del jurado popular, que declaró culpables a los dos asesinos por siete de sus nueve votos.
Todo pivota, en resumen, sobre la discrepancia en la valoración de la vulnerabilidad de la víctima del crimen, pues representa uno de los fundamentos jurídicos que justifican la aplicación de la máxima pena del Código Penal. En su artículo 140.1, se avala la prisión permanente revisable «cuando la víctima sea una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad».
A saber, el jurado popular consideró probado por unanimidad que Guillermo Castillo (de 78 años) «padecía de diferentes problemas de salud relacionados con la edad, con ocasionales problemas de equilibrio, deambulación, así como cardiopatía y cervicalgia». En cambio, el magistrado razona en su sentencia que «junto con el dato de la edad debe atenderse al hecho de que Guillermo, pese a las enfermedades que tenía y se recogen en el informe de los médicos forenses, vivía de manera independiente». E incide en que «ninguna de tales dolencias de manera individual, ni tan siquiera en su conjunto, suponían una situación incapacitante para Guillermo».
A juicio del bufete de García-Montes, esta valoración del magistrado supone «una reinterpretación de la motivación y valoración de la prueba llevada a cabo por los miembros del jurado», pues recuerda que la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (en sus artículos 61.1 y 63) limitan sus funciones a «garantizar la legalidad del procedimiento y redactar el acta del veredicto, sin invadir la esfera de valoración probatoria del jurado».
«El magistrado -subraya el recurso de apelación- ha sobrepasado los límites de las competencias que le atribuye la Ley del Tribunal del Jurado, al dictar una sentencia que altera, en esencia, el sentido del veredicto del jurado respecto a la imposición de la prisión permanente revisable»; lo que, en consecuencia «desnaturaliza la función del jurado».
Los siguientes escenarios de la batalla judicial
Una vez recibido dicho recurso, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja debe fijar una vista en la que Marcos García-Montes defenderá esta postura y pedirá la nulidad parcial de la sentencia, ordenando una nueva resolución que condene a los asesinos de Guillermo Castillo a la máxima pena de la legislación nacional.
Antonio Daniel García Domínguez y Carlos Sergio Ribeiro Moutinho, los asesinos de Guillermo Castillo.
Independientemente de ello, el mediático letrado ya avanzó durante el juicio que, una vez la sentencia sea firme (esto es, cuando se agoten los diferentes recursos ante el TSJR o el Tribunal Supremo), solicitará la reapertura del procedimiento para tratar de incriminar a otros actores que, a su juicio, participaron en diferentes grados en el crimen de Cuzcurrita y aún no han sido procesados por ello.
«En este juicio ha quedado muy claro que hay un supuesto encubridor, coautor necesario, que ya salía en el procedimiento (alude al propietario del ‘narcopiso’ de Lardero al que acudieron los acusados antes y después de matar a Guillermo), dos personas que son encubridoras y la participación de tres personas más, como mínimo», expresó García-Montes minutos después de la lectura del veredicto contra Carlos Sergio Ribeiro y Antonio Daniel García.
