Los tractores cargados de uva en sus remolques continúan transitando por las carreteras destino a sus bodegas, pero los (a veces secretos) contratos de compraventa de uva empañan el desarrollo de esta nueva campaña. La primera denuncia pública ha puesto a la bodega Pagos del Rey, filial del gigante Félix Solís, en el centro de mira por ofrecer un precio máximo de 0,60 euros el kilo de uva de la DOCa Rioja cuando los costes de producción medios establecidos por la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja para la campaña de 2023, se fijaron en 0,7975 euros por el kilo de uva tinta cultivada en vaso y de 0,8231 euros para las uvas tintas en espaldera.
Una situación que, pese a no sorprender en el sector, genera bastante malestar e incertidumbre. Es por ello que las organizaciones agrarias se han concentrado este martes en los exteriores de esta bodega, ubicada en la carretera de Fuenmayor, para denunciar públicamente estos hechos y señalar a la causante después de haber entregado sendas denuncias al director general de Desarrollo Rural, David Martín, así como ante la Delegación del Gobierno en La Rioja dirigida a la Agencia de Información y Control de Alimentos (AICA), que es la que tiene competencia en este asunto.
«Esta bodega ha presentado contratos a sus proveedores a unos precios totalmente irrisorios de hasta el 50 por ciento del coste medio de producción que puede tener un viticultor según lo calculado por la Consejería de Agricultura. Los viticultores tienen miedo a denunciar por temor a que las bodegas ejecuten algún tipo de represalia ante denuncias a título individual por parte de los agricultores, por eso estamos aquí las organizaciones agrarias. Queremos poner freno a estas prácticas que entendemos, además, que son contagiosas porque puede haber bodegas que estén pensando en presentar contratos a unos precios más dignos y esto no hace más que ser contagioso y muy pernicioso para la propia denominación», ha remarcado Igor Fonseca, secretario general de ARAG-ASAJA.
Igor Fonseca, secretario general de ARAG-ASAJA, y Néstor Alcolea, de UPA La Rioja. | FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
«Es bastante llamativo que esta bodega esté presentando contratos de uvas ‘premium’ con 14 de grado alcohólico y un excelente estado sanitario pagando 60 céntimos el kilo cuando luego ofertan el vino del año por encima de los 5 euros en su página web. Esto es cerca de un 600 por ciento de incremento del precio cuando en teoría no le ha dado ningún valor añadido a ese tipo de vino. Ahí se ve que estos grupos lo que pretenden es exprimir a los viticultores y obtener ingresos muy importantes y beneficios totalmente escandalosos a costa del bolsillo de los viticultores y eso no lo vamos a tolerar», ha apuntado Fonseca.
Es por ello que desde las OPA han hecho un llamamiento al resto de viticultores por si tienen constancia de contratos por escrito con condiciones que vulneran la Ley de la Cadena para que la presenten a cualquiera de las tres organizaciones para que sean ellas las que se encarguen de tramitar la denuncia.
Roberto Ruiz Clavijo, coordinador sindical de UAGR-COAG. | FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
Por su parte, el coordinador sindical de UAGR-COAG, Roberto Ruiz Clavijo, ha hecho especial hincapié en que «las sanciones que se pongan a las bodegas no han de ser mínimas sino disuasorias y sangrantes para que las bodegas no vuelvan a cometer este grave incumplimiento». Ha asegurado que «si no se toman medidas se estudiarán acciones futuras como posibles movilizaciones».
Néstor Alcolea, de UPA La Rioja, se ha referido a los «pretextos que llegan por parte de las administraciones en cuanto a la falta de denuncias de viticultores y el desconocimiento de esta situación», por lo que esta concentración busca «poner de manifiesto y hacer visible esta realidad y este pago escandalosamente por debajo de los costes de producción». El objetivo es claro: «Los viticultores han de percibir un precio justo por sus uvas. Que la rentabilidad de esta bodega o de otras no dependa de la propia rentabilidad del productor y que los beneficios de las bodegas no salgan de convertir en antirrentables las explotaciones».
En este sentido, Alcolea ha incidido en que este es el primer contrato que tienen encima de la mesa que incumple la Ley de la Cadena, pero no creen que sea el único que existe: «Esto es un hecho en nuestra región y mucho nos tememos que se está produciendo un efecto contagio y que hay operadores que piensan salir en las mismas condiciones. Por eso seguiremos denunciando en función de los contratos que vayamos conociendo. El señalamiento no lo estamos haciendo nosotros, sino que lo están haciendo ellos mismos presentando este tipo de contratos que desprestigian la denominación así como todo el trabajo que año a año han ido haciendo nuestros viticultores».
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