El Gobierno hará un “seguimiento intensivo” de la aplicación por parte de las comunidades autónomas del nuevo sistema de ayudas a familias vulnerables con hijos a través de tarjetas monedero que ha comenzado en mayo. Cabe recordar que para La Rioja están destinados 460.904 euros de los 95,5 millones previstos para gasto en alimentos, con los que se podría suponer atender a unas 300 familias riojanas.
En una entrevista con EFE, la directora general de Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, ha respondido a las críticas de las comunidades y Ayuntamientos gobernados por el PP, que han reclamado una “reunión urgente” con el ministro Pablo Bustinduy ante el “caos” generado por el cambio del sistema que permite a las familias adquirir alimentos y productos de higiene con esas tarjetas, sustituyendo la entrega directa a través de entidades sociales.
La responsable de Servicios Sociales ha aclarado que son las comunidades las que tienen la responsabilidad “de identificar a las familias, valorarlas y derivarlas para que se le entregue la tarjeta”, y a partir del 1 de enero de 2025 también de diseñar “un programa estable y estructural” asumiendo el cien por cien de las tareas.
Hasta 70.000 familias podrían recibir tarjetas este año
Se estima que a lo largo de 2024 unas 70.000 familias con hijos a cargo van a recibir las tarjetas monedero, con una cuantía mensual de entre 130 y 220 euros en función del número de miembros. “Las comunidades autónomas tienen la competencia de incorporar esta ayuda dentro de su gran variedad de ayudas y de prestaciones” que desarrollan desde sus Servicios Sociales, ha asegurado.
De manera transitoria y excepcional, solo para 2024, el Gobierno asumió la tarea de impulsar el nuevo sistema poniendo a disposición de las administraciones autonómicas las tarjetas para su reparto entre familias vulnerables con hijos, en las que se centra el nuevo programa financiado con fondos europeo.
El resto de las personas que recibían alimentos seguirán haciéndolo, añade, porque los Bancos de Alimentos y otras entidades sociales siguen funcionado con fondos públicos, o a través de programas de los Servicios Sociales.
“No es verdad que haya familias o personas vulnerables que vayan a quedar desatendidas porque existen otros recursos, existen otros medios”, indica Bezunartea, que insiste en que “las comunidades autónomas tienen la obligación de atender a todas las necesidades de todas las personas”.
“Las dudas que hemos podido responder desde nuestra posición y desde nuestra competencia están resueltas y hay otras que les corresponde a ellas sobre cómo van a implementar el programa”, asegura la responsable del Ministerio de Derechos Sociales.
El tema se abordará en el próximo Consejo Territorial de Servicios Sociales previsto para mediados de junio y antes, Gobierno y comunidades lo hablarán en una reunión preparatoria el próximo 31 de mayo.
Ya hay familias que las están recibiendo
Derechos Sociales es consciente de que la implementación de las ayudas será progresiva y confía en que se “normalice” y avance a lo largo del mes de mayo con la entrega de las tarjetas a las familias que cumplen los requisitos exigidos por el programa.
“Creo que a final de año llegaremos a las 70.000 familias, estoy segura, pero si no fuera así, nuestra obligación será que el fondo se ejecute al cien por cien y para ello tomaremos las medidas que sean necesarias”, afirma la directora general de Derechos Sociales.
Para Bezunartea, debería ser “relativamente sencillo” alcanzar esa cifra porque “la necesidad es mucho más amplia. Desde luego, si hubiera alguna comunidad autónoma que no ejecuta lo suficiente, los fondos europeos permiten reprogramación y nuestra obligación es que no quede ni un euro sin invertir”, asevera.
Y advierte que la reprogramación permitiría derivar fondos no ejecutados “a una comunidad, por ejemplo, que está ejecutando y que tiene necesidad de más fondos. Tendremos que hacer un seguimiento intensivo de cómo se va implementando; el objetivo lo tenemos que cumplir como país”, ha remarcado Bezunartea, quien ha recordado que también la Comisión Europea lo hará: “Es muy estricta en todos sus sistemas de verificación y justificación”.
