El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, ha demandado este martes la incorporación de once funcionarios y que se mantengan los refuerzos judiciales para agilizar en la resolución de los 23.000 asuntos que quedaron pendientes debido a las huelgas del año pasado.
Marca ha presentado en una rueda informativa la memoria judicial del año 2023, tras entregarla al jefe del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, y a la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Martínez.
También ha insistido en pedir la creación de un octavo juzgado de primera instancia para Logroño, el tercer magistrado que le falta a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR, una plaza vacante desde hace 35 años, y la separación orgánica por secciones civil y penal de los seis magistrados de la Audiencia Provincial.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, ha demandado este martes la incorporación de once funcionarios y que se mantengan los refuerzos judiciales para agilizar en la resolución de los 23.044 asuntos pendientes debido a las huelgas de los letrados y los funcionarios del año pasado. Además, ha recordado que están vacantes los cargos de presidente de la Audiencia Provincial y el magistrado de la Sala Civil y Penal por designación autonómica.
Año de luces y sombras
En su intervención, el presidente del TSJR ha calificado el ejercicio 2023 “como un año de luces y sombras”, ya que La Rioja es la comunidad uniprovincial con menos casos en tramitación, pero el número de asuntos pendientes se elevó el 42,4 por ciento.
El año pasado, los 37 jueces y magistrados de La Rioja ingresaron 33.101 asuntos -casi un 2 % más que en 2022- y resolvieron 26.444 un 12,5 % menos, debido a las huelgas, que fueron “muy secundadas” en la comunidad riojana.
Marca ha resaltado que la Audiencia Provincial ha funcionado “extremadamente bien” tras la creación del sexto magistrado.
La duración media de un procedimiento en primera instancia es de 7 meses y medio, un 24,4 % más que en 2022, mientra que en segunda instancia se prolonga 5,1 meses, casi el 18 % más.
La tasa de criminalidad se situó en La Rioja en 38 delitos por 100.000 habitantes, con un aumento de más de un punto respecto al año anterior, pero casi 13 puntos por debajo de la media nacional en 2023.
Cláusulas abusivas
En relación a las cláusulas abusivas establecidas por las entidades bancarias en las hipotecas, ha precisado que entre 2017 y 2023 se ingresaron 5.051 reclamaciones, de las que se resolvieron 4.888 (el 95,6 por ciento) y solo se desestimaron 193.
En este sentido, ha apuntado que las entidades financieras deberían haber llegado a más acuerdos con sus clientes, “para evitar tensionar el sistema judicial”.
Respecto a los lanzamientos o desahucios, el año pasado hubo 154, pero solo 35 ellos derivados de ejecuciones hipotecarias y 111 de ellos por alquileres, debido a incumplimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
El año pasado ingresaron 910 asuntos por despidos y 534 por reclamaciones de cantidades; y se “dispararon” los concursos, con 182 frente a los 97 de 2022.
Por otro lado, los juzgados de Logroño, Calahorra y Haro resolvieron 1.092 asuntos de familia: 328 por divorcios consensuados, 256 no consensuados, 17 separaciones consensuadas, 6 no consensuadas, 264 de guarda y custodia de hijos no matrimoniales y 221 de modificación de medidas.
983 denuncias de violencia de género
En el ámbito de violencia sobre la mujer, se admitieron 983 denuncias, 167 renuncias y 338 órdenes de protección. En La Rioja hay una tasa de 58,9 mujeres víctimas de violencia de género por 100.000 habitantes, frente a la cifra de 79,4 de media nacional.
El servicio de atención a la víctima realizó 11.779 intervenciones, un 4,3 por ciento menos, por 709 delitos, de los que 525 fueron de violencia de género y doméstica, 75 contra la libertad sexual y 29 de lesiones, entre otros.
En el Juzgado de Menores ingresaron 235 asuntos (un 9,3 por ciento más), se resolvieron 176 (un 16,6 por ciento menos) y están en tramitación 194 (casi un 44 por ciento más).
El año pasado no hubo asuntos de personas procesadas por corrupción, lo que se traduce en que, “o no hay casos o no les han pillado”, ha bromeado Marca. Los órganos judiciales ingresaron en depósito 31,4 millones de euros y abonaron otros 33,3 millones.
Entre los logros conseguidos el año pasado, ha citado la digitalización de los libros de los registros civiles, el programa ‘Educar en justicia’ y ha agradecido al Gobierno regional anterior y al actual su rápida actuación tras el incendio del Juzgado de Calahorra.
Por último, ha solicitado que se habilite, en el ala del edificio del Palacio de Justicia sin tabicar, una sala para celebrar juicios mediáticos, jurados y actos institucionales.
