El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado este lunes en el Parlamento que habilitará los fondos que sean necesarios para la cosecha en verde en 2024. Es decir, una vez que se acabe el dinero destinado por el Ministerio de Agricultura para esta medida, el Ejecutivo autonómico pondrá el necesario para que ningún viticultor se quede sin percibir esta ayuda.
“Si los viticultores riojanos se acogen a esa medida, habilitaremos la partida necesaria para que todos se puedan acoger”, ha afirmado Capellán, calificando como “escasa” la partida de veintiún millones que el Ministerio de Agricultura ha destinado para todo el país. La consejera Noemí Manzanos criticó hace unas semanas estas cifras, ya que La Rioja necesitaría alrededor de diez millones (en 2023 recibió menos la mitad) para cubrir los costes de la cosecha en verde.
En total, el año pasado fueron unas 985 hectáreas (984,99) las que se acogieron finalmente a esta práctica con el fin de regular la producción de uva ante la crisis de existencias que atraviesa el sector vitivinícola, cifra que representa el 2,1 por ciento del viñedo riojano.
El plazo para presentar las solicitudes, que deberán presentarse ante el órgano competente de la comunidad donde estén ubicados los viñedos, deberán realizarse antes del 30 de abril de 2024. La ejecución de la cosecha en verde deberá realizarse a más tardar el 15 de julio de 2024.
Según Capellán, el complemento autonómico a las ayudas ministeriales a la cosecha en verde es otra de las medidas que “puede ayudar en la coyuntura crítica” de cara a la próxima vendimia, que se sumará a la partida de 17 millones de euros planificada este año para destilación.
Ha recordado que el año pasado se destinaron otros 15 millones para ayudas a la destilación, a las que se acogieron 100 bodegas, que podrán reducir el “almacenaje excesivo” de vino que tienen y permitirá que muchos viticultores logren la compra de millones de kilos de uvas “a precio de rentabilidad agraria”.
El presidente del Gobierno riojano ha censurado que cuando su antecesora, la socialista Concha Andreu, “de una manera pomposa” realizó el traspaso de poderes en julio pasado le trasladó un decálogo de asuntos esenciales para el futuro de La Rioja, que no incluyó ni una sola palabra para resolver la crisis del sector vitivinícola y su futuro.
“Por lo tanto, da un poco sonrojo que vengan ahora a reclamar medidas, después de considerar que el sector vitivinícola no era importante para el futuro de La Rioja”, ha subrayado.
También ha recordado a los socialistas que la pasada legislatura acabó con “todo el sector vitivinícola protestando” sin que les escuchasen.
Los viticultores han estado cuatro años con “nula o negativa” rentabilidad agraria, pero el anterior Ejecutivo regional (PSOE-Podemos) no hizo nada y se limitó a anunciar 15 millones de ayudas a la destilación para dos años, ha precisado Capellán.
Por su parte, García ha recordado que su grupo va a solicitar la creación de una Comisión de Estudio que analice el sector vitivinícola, las causas de la crisis estructural que vive y sus consecuencias, con el fin de adoptar medidas que huyan del cortoplacismo.
Esta Comisión podría hacer un diagnóstico sereno, y junto al sector, diseñar una Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja “atractiva, rentable y que esté garantizada en el futuro”. Ha propuesto que las organizaciones profesionales agrarias (OPA) comparezcan en esa comisión para aportar sus reflexiones sobre el futuro del sector, que requiere un acuerdo de región.
El portavoz socialista ha justificado la situación actual en causas coyunturales, como la subida de precios de los insumos, los costes de producción y la sequía, a las que se han sumando causas ya estructurales, como el cambio en los patrones de consumo de vino, y la curva ascendente de excedentes de vino frente a la curva descendente en las ventas.
“Hay que empezar a pensar que las medidas coyunturales, como la destilación y la cosecha en verde, no son la solución”, ha recalcado. Además, ha asegurado que esta crisis se ha larvado durante años de gobiernos populares, en los que, “con una mala planificación”, alentaron un incremento de masa vegetal que provocó que, desde 1996 hasta el 2000, la producción pasara de 160,6 millones de litros a 310,8, lo que representa un incremento del 93 por ciento.
“Ustedes -ha añadido García- tienen toda la responsabilidad en esa política de reparto indiscriminado de derechos de plantación, cuando los datos y el mercado no lo permitían; de aquellos polvos, estos lodos”.
Por último, ha exigido al Gobierno regional que cumpla con las inspecciones para el control de las ventas a pérdidas, para cumplir la Ley de Cadena Alimentaria, porque las grandes crisis del Rioja las han pagado los pequeños viticultores.
