El fiscal pide penas de entre ocho y cinco años y medio para ocho personas pertenecientes a un clan familiar al que acusa de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal en el proceso que comenzará en la Audiencia Provincial de Logroño el próximo 16 de octubre.
Según el escrito de la acusación, los acusados fueron detenidos por su implicación en la venta de estupefacientes, principalmente cocaína, heroína y marihuana, en un domicilio de Logroño. En mayo de 2018 la Policía Nacional estableció una operación de vigilancia en torno a ese inmueble, en donde comprobaron cómo acudían hasta allí diferentes personas para hacerse con pequeñas cantidades de drogas.
La operación de vigilancia continuó varios meses, con escuchas telefónicas incluidas y el traslado del grupo a otro domicilio de la capital riojana al sentirse vigilados en el anterior. En estas investigaciones los agentes comprobaron cómo los dos acusados para los que se pide una pena mayor, 8 años de prisión, que son madre e hijo, eran quienes concertaban las ventas de droga y, dado que ya tenían antecedentes por hechos similares, se comprobó cómo adoptaban medidas de seguridad para evitar exponerse a intervenciones policiales.
Para ello, utilizaban diferentes domicilios en Logroño y teléfonos móviles para concertar citas en las que empleaban un lenguaje previamente establecido para no usar palabras que les delataran.
A mediados de octubre de 2018 se autorizaron los registros a varios domicilios en los que operaba este clan familiar en Logroño, en los que se encontraron diferentes sustancias, armas, objetos para la manipulación de droga y más de 3.700 euros.
Estos hechos constituyen para el fiscal un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal, por lo que pide una pena de cárcel de ocho años para los dos acusados en los que concurre el agravante de reincidencia (madre e hijo). Para otros tres de los acusados pide una pena de seis años y medio de cárcel por estos delitos, con una multa de tres mil euros. Y para los otros tres acusados reclama una pena de cinco años y medio de cárcel además de dos mil euros de multa. En la operación policial se investigó a otras nueve personas, para las que la acusación pide que la causa sea sobreseída.
