La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja contra el Decreto 12/2023, que regula el Plan de Gestión del Lobo en La Rioja, con la intención de anularlo.
El colectivo naturalista, con sede en Asturias, argumenta que, “durante décadas”, los gobiernos autonómicos riojanos “no sólo no hicieron nada por la conservación del mamífero más amenazado de la comunidad, sino que lo persiguieron activamente como especie cinegética, consintiendo también controles letales no cinegéticos por la presión de algunos ganaderos”.
ASCEL señala que el pasado 12 de abril el Ejecutivo regional publicó en el BOR el Decreto por el que se aprueba el Plan de Gestión del lobo en La Rioja y su coexistencia con la ganadería extensiva (Decreto 12/2023), “cuyo título es ya una perversión”.
Dicha norma constituye un plan de gestión “innecesario e improcedente, porque en vez de mejorar la norma general española (donde el lobo está incluido en el ‘Listado’), constituye una degradación peligrosa de la misma, en particular sus Anexos, al contemplar un indecente protocolo que articula un cupo encubierto de caza y control letal de lobos para seguir perpetuando el modelo anterior que implicaba el exterminio de facto de la subpoblación de lobos en La Rioja”, denuncian los naturalistas.
La Mesa del Lobo
La asociación también censura el “falso y fraudulento proceso de mediación llamado ‘Mesa del Lobo’, donde no había representación del movimiento conservacionista y ecologista (no confundirlo con colectivos envueltos en bandera verde que hacen ‘ecopostureo’)”.
ASCEL añade que, “por si no fuera suficiente, la Consejería de Álex Dorado somete sus decisiones a consultas con su homónima de Eva Hita (Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población), lo cual constituye supeditar lo ambiental (“bien público”) a lo sectorial (“ganadería”), pero en cambio, no sucede lo contrario por parte de “Ganadería” con respecto a “Medio Ambiente” (planes de ordenación pascícolas, etc.), lo cual supone una concesión intolerable en el seno del Gobierno regional”.
Además de la presentación del recurso contencioso-administrativo, la asociación ha pedido medidas cautelares para evitar la muerte de lobos, “algo que están pidiendo ganaderos no profesionales que no adoptan suficientes métodos de prevención para evitar que el Gabinete de Andreu ceda -como siempre- a los chantajes sectoriales, lo cual es un precedente que no podemos tolerar en ASCEL porque supone un atentado contra nuestro patrimonio natural”.
