El Parlamento de La Rioja ha aprobado este viernes, por unanimidad, una nueva Ley de Función Pública que moderniza el trabajo de unos 14.000 funcionarios y empleados públicos de la comunidad, que tendrán una nueva estructura, verán reconocida su carrera profesional y tendrán nuevas figuras, como el grupo B y crea la dirección pública profesional.
El texto respaldado por todos los grupos, aunque el PP ha pedido la votación por separado de algunos puntos, sustituye a uno de 1990 y busca “racionalizar la estructura de los empleados públicos” según explicó el Gobierno regional en su momento.
El personal funcionario se agrupará en cuerpos, escalas, y dentro de los mismos, especialidades; y se crea y desarrolla un nuevo grupo de clasificación profesional, el B. Además, la nueva normativa impulsa la carrera profesional y fomenta la formación actualizada para el empleado público. Se incorporan medidas efectivas para disuadir del abuso de la temporalidad en el empleo, adaptando La Rioja a la normativa europea y la legislación básica estatal.
La Ley desarrolla la figura de la Dirección Pública Profesional, cuyo procedimiento de designación está sometido a los principios de igualdad, mérito y capacidad; se racionaliza la estructura pública con el personal funcionario agrupado en cuerpos, escalas y especialidades, novedad ésta última; además se desarrolla el grupo B para técnicos superiores y, entre otros aspectos, se garantizará la transparencia en todos los procesos selectivos.
Como novedad se introduce el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales; también el derecho a la solución extrajudicial de conflictos individuales.
Además, otra de las novedades de la Ley es la creación del cuerpo funcionarial de bombero/a forestal, que actualmente pertenecen a categorías profesionales del personal laboral.
Modernizar una Ley de 1990
La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha cerrado la sesión parlamentaria, la última de la legislatura, y ha recordado que la Ley de Función Pública que estaba en vigor se remonta a 1990 “cuando gobernaba también el PSOE” y después “en tres décadas parece que el PP no pensaba en la función pública, estaba más ocupado en otras cosas”.
Ha calificado de “teatrillo” las palabras del popular Alfonso Domínguez, que ha alertado de la posible inconstitucionalidad de algunos puntos de la Ley; y ha recordado que en 2020 el Gobierno firmó un acuerdo con los sindicatos de la función pública “con 28 puntos, de los que se han cumplido 27”.
“Esta legislatura se han aprobado 35 leyes y ese es un enorme mérito de este Gobierno y demérito para los anteriores, y esa es la mochila que arrastran y arrastrarán”, ha concluido Andreu, que ha agradecido al Grupo socialista el trabajo “para subir el nivel” delos debates parlamentarios.
“Antes La Rioja destacaba para mal por la desidia y el sectarismo de los gobiernos anteriores, ahora destaca para bien por el trabajo de la mayoría de ustedes (los parlamentarios) y porque se gobierna para todos, se impulsan normas que amplían derechos y libertades”, ha incidido Andreu.
Así, ha insistido “donde antes había un rodillo parlamentario, soberbia, autoritarismo y excasita calidad democrática, ahora hay diálogo, voluntad y capacidad para llegar a acuerdos” aunque “de lo que más orgullosa me siento es del fondo en las leyes y de la forma de llevarlas a la negociación y de haber logrado más derechos y libertades para esta tierra”.
Posibles problemas de constitucionalidad
Entre los grupos parlamentarios, el popular Alfonso Domínguez, ha reprochado la forma de legislar por el Ejecutivo riojano “que lleva a modificar luego las leyes a empujones” porque “hay problemas de constitucionalidad” como “los que tiene este texto en algunos puntos”.
“Llevo 20 años como orgullosísimo funcionario y por eso sé que los funcionarios hacen las cosas bien, pero cuando los procedimientos llegan aquí todo empieza a funcionar mal”, ha afirmado el diputado del PP, que ha afirmado que “en realidad esta no es una Ley, sino un texto refundido”.
La socialista Teresa Villuendas ha pedido al PP “valentía y honestidad para reconocer el esfuerzo del Gobierno” y para “admitir el valor que tiene que la norma haya sido presentada y consensuada por más del 70 por ciento de los trabajadores”.
“Esta ley trae modernidad y seguridad a la administración, coloca a las personas en el centro de la gestión pública” y “aunque el PP nos lo ha puesto difícil, porque no quería que saldría adelante, hay 14.000 trabajadores que nos agradecen el trabajo, porque no es de recibo que sus condiciones laborales estén sometidas a una ley de 1990”, ha afirmado.
La diputada de IU, Henar Moreno ha destacado que la ley “responde a la mayoría de los representantes de los trabajadores” y “además de este texto, es necesario fortalecer la función pública con más personal”.
David Miranda, de Ciudadanos, ha incidido en que esta ley “moderniza la función pública riojana” aunque “tiene algunos defectos por la urgencia en el trámite parlamentario y porque no se ha seguido una manera pulcra de legislar” aunque “en lo esencial es positiva”.
