Salud

El Gobierno nombra Defensora del Usuario del SERIS a Inmaculada Rezola

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el nombramiento de Inmaculada Rezola como Defensora del Usuario del Sistema Público de Salud para un mandato de cuatro años.

El portavoz del Ejecutivo regional, Álex Dorado, ha detallado en una rueda de prensa los principales acuerdos adoptados por el Gobierno de La Rioja en su reunión semanal en Consejo.

Dorado ha precisado que se recupera así este órgano unipersonal encargado de la defensa de los usuarios de cualquier centro, servicio o establecimiento sanitario que forme parte de los recursos del Sistema Público de Salud de La Rioja.

Este nombramiento supone la reactivación de esta figura, suspendida desde 2012, y recuperada ahora por el Gobierno de La Rioja en cumplimiento del acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE e IU-Podemos.

Rezola, trabajadora social, prestaba sus servicios en la zona de salud de Alberite y Villamediana de Iregua y cuenta con amplia experiencia en gestión sanitaria y sociosanitaria.

Dorado ha destacado que la recuperación de este cargo, que goza de plena autonomía e independencia, permitirá “reforzar los derechos de los usuarios del Sistema Público de Salud” y ha explicado que se ha optado por el perfil de una trabajadora social con experiencia en el ámbito de la gestión sanitaria y sociosanitaria.

“Es una persona que entendemos que cumple con todos los requisitos para el buen desempeño del puesto de trabajo como es tener capacidad de gestionar los conflictos de la ciudadanía, de mediar en esos conflictos y conseguir que lleguen a solucionarse”, ha resltado.

El Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud tiene como funciones recibir reclamaciones y sugerencias y tramitarlas tanto en primera como en segunda instancia, sin que esto suponga la desaparición de los cauces de reclamación existentes en el Sistema Público de Salud tanto en los centros de salud como en los hospitales.

Este cargo tiene competencias en la tramitación de quejas y resolución de conflictos, pero no así en materia de reclamación patrimonial a la administración.

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