La Rioja

El jefe de Psiquiatría del San Pedro cree que la ley de salud mental «estigmatiza»

El jefe de Psiquiatría del Hospital Universitario San Pedro de Logroño, Miguel Ángel Ortega, ha afirmado este miércoles que la proposición de ley de salud mental de La Rioja «estigmatiza, de alguna manera, la asistencia a la salud mental”.

Ortega ha comparecido en la Comisión de Salud del Parlamento de La Rioja en calidad de experto, propuesto por el Grupo Popular, dentro de la tramitación de la proposición de ley de las personas con problemas de salud mental y sus familias.

«Tengo una sensación agridulce al estar aquí. Agradezco el interés de esta ley, pero pienso que sobraría defenderla porque ya que existe una ley general de salud, que obliga a desarrollar la asistencia en las mismas condiciones», ha precisado.

Ha indicado que “en este Parlamento no se ha presentado una ley de oncología, ni una ley de cardiología”, por lo que ha considerado que presentar una ley centrada en la salud mental “se nos vuelve en contra”.

«Debemos desarrollar la salud mental en La Rioja como hemos venido haciendo, pero nos queda por hacer», ha indicado, y «debemos realizarlo con impulso y unos presupuestos que permitan tener los recursos necesarios, que son carentes en nuestro sistema de atención a la salud mental en esta región en la actualidad».

Sobre la proposición de ley de salud mental, ha señalado que, «como profesional y ciudadano de La Rioja, comparto muchos de los objetivo de los artículos, casi todos ya desarrollados en los planes de salud mental de la comunidad», en los que «se ha tenido en cuenta un modelo comunitario de atención pública y de trabajo en equipo».

Ha apostado por, «en estos momentos en los que hay problemas de salud mental como la ansiedad y malestares emocionales por la pandemia, la pospandemia y la situación socioeconómica, fomentar una asistencia a este tipo de problemas con intervenciones preventivas colectivas, más que individuales».

Ortega ha incidido en que «los servicios de salud mental están muy saturados en la situación actual» y ha mostrado sus «dudas sobre el desarrollo realista de cuestiones de esta proposición de ley».

Entre estas cuestiones, ha resaltado la prohibición de los ingresos y tratamientos involuntarios, ya que, a su juicio, «hay que intentar que sean voluntarios, pero hay poco margen al respecto porque hay una ley que regula los ingresos involuntarios».

Ha señalado que prohibir los tratamientos involuntarios «es un objetivo maximalista y, aún respetando el derecho de los individuos, llevaría al abandono de personas en una situación grave de riesgo de salud para ellas y las demás».

Además, ha resaltado que hay que «invertir mucho en formación y en recursos humanos» y «valorar el riesgo en los pacientes»; así como «priorizar la asistencia a los problemas de salud mental más graves y a los enfermos más vulnerables: los que no demandan atención».

Ha señalado la importancia del apoyo a las familias porque, en la enfermedad mental, «la familia sufre, contiene, y, realmente, es una situación complicada y hay que dar apoyo»

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