La Rioja

Piden cinco años de cárcel para dos hombres por delitos contra los derechos laborales

El fiscal pide cinco años y tres meses de prisión para dos hombres de nacionalidad georgiana a los que acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra la salud de sus empleados. Ambos gestionan una empresa de Arnedo, aunque, en caso de que sean condenados a prisión, propone que la pena se conmute por la expulsión a su país.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, estos dos hombres, a los que se juzgará en la Audiencia Provincial de Logroño el 5 de septiembre, son padre hijo y administraban desde 2016 una empresa en Arnedo dedicada al guarnecido o cosido de las piezas de calzado.

Tras diferentes investigaciones, agentes de las fueras de seguridad y personal de inspección de trabajo entraron en la empresa el 20 de febrero de 2017, y encontraron en su interior a 12 trabajadores, de los cuales solo tres estaban dados de alta en la Seguridad Social; de los otros nueve, seis no tenían permiso para residir o trabajar en España.

Estos trabajadores seguían una jornada laboral de unas ocho horas, por las que percibían entre 3 y 5 euros, aunque quienes no tenían permiso de residencia no habían cobrado cantidad alguna, pero no querían denunciarlo por sus propias circunstancias personales.

En materia de prevención de riesgos laborales, los acusados presuntamente sometieron a un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores que allí se encontraban, entre otras cuestiones por el riesgo de explosión de algunos materiales, que se situaban próximos a una bombona de butano.

Además los trabajadores no usaban ningún equipo de protección individual, la instalación eléctrica también presentaba deficiencias, había falta de iluminación y ventilación natural, el material se apilaba entre los trabajadores y había falta de limpieza en general. Por todo ello se ordenó la paralización de la actividad en ese mismo día.

Estos hechos son considerados por el fiscal como un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra la seguridad y salud de los trabajadores y pide imponer a cada uno de ellos una pena, por las dos circunstancias, de cinco años y tres meses de prisión, además de una multa de 7.200 euros; no obstante, propone que en caso de ser condenados a mas de un año de cárcel la pena se sustituya por la expulsión administrativa de España por hasta 10 años.
También pide que se hagan cargo de las costas del proceso y la indemnización que reclame la Seguridad Social

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