El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las comunidades autónomas (CCAA) han revisado los flecos del documento final sobre el plan estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027 que enviarán próximamente a Bruselas, con posiciones encontradas, entre regiones a favor y otras que piden cambios para no perder fondos.
Éste ha sido uno de los asuntos abordados este lunes durante la celebración del consejo consultivo entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los responsables del ramo de Aragón, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Andalucía, Galicia, Asturias, Murcia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
Entre las autonomías satisfechas en líneas generales con ese documento final se encuentra Castilla y León, cuyo consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas (Vox), ha dado el visto bueno a los últimos cambios. Aunque Dueñas ha admitido “algunas diferencias de criterio” con las últimas propuestas de regadío, ha aprobado el programa porque no contiene grandes cambios con la última versión que se remitió en marzo a las instituciones comunitarias.
Desde Asturias, su consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo (PSOE), ha calificado como “gran logro” el trabajo desarrollado por el Ministerio para ir “en el paquete de cabeza de los países” que lo han presentado, según ha indicado a Efeagro.
Por lo que respecta a la cornisa cantábrica, entiende que “se ha logrado” tener en cuenta la singularidad de las explotaciones familiares y de la ganadería y que la gestión de la PAC vaya sobre aquellas cuestiones que aportan más rentabilidad” a los productores.
Por su parte, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollá (Compromís) ha declarado a Efeagro que, a pesar de ser “críticos” con muchos aspectos de esta PAC, están “satisfechos” con el documento consensuado. Mollá ha puntualizado que hay “muchos detalles” en los que no coinciden con el plan del Ministerio, pero que tener una “visión única y positiva” entre todas las autonomías es “complicado”.
En la misma línea de apoyo se ha posicionado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de La Rioja, Eva Hita (PSOE). Hita ha puesto de relieve la perspectiva de género y medioambiental, dos hechos que, según ha defendido, son “la primera vez que se tienen en cuenta” en el plan, y ha señalado que “esta nueva PAC es más social y más justa”, ya que aboga por un modelo de agricultura familiar y profesional.
En contra se ha mostrado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de Murcia, Antonio Luengo (PP), quien ha pedido al Ministerio seguir negociando el plan estratégico de la PAC porque “hay tiempo”.
Cree que la redacción actual supone una pérdida de 75 millones de euros para el sector primario de la región, especialmente en los frutos secos (almendro) y en la ganadería.
También Andalucía ha rechazado el plan e incluso su consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en funciones, Carmen Crespo (PP), ha amenazado con votar en contra si no se consideran sus alegaciones. Entre ellas, incluir más ecoesquemas para atender “toda la diversidad” de cultivos de la región u hacer otra organización de las 20 regiones productivas.
Durante el consultivo, el ministro Luis Planas ha informado, por otro lado, de que la Comisión Europea (CE) presentará al Consejo de Ministros la propuesta de reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, que establece la obligación de reducir el uso y el impacto de estos productos a nivel europeo en un 50 % antes de 2030.
Los ministros de Agricultura también abordarán las nuevas directrices estratégicas para la acuicultura y analizarán un informe sobre las adaptaciones previstas en la legislación comunitaria sobre el transporte de animales.
Conferencia sectorial
Antes del consultivo, el ministro y los consejeros han celebrado la conferencia sectorial en la que se ha aprobado el reparto entre las comunidades autónomas de 107,4 millones de euros a programas vitivinícolas para 2023, de los que Castilla-la Mancha recibirá cerca de 43 millones.
Su consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha mostrado su “satisfacción” por estas ayudas que se reparten en 33 millones para reestructuración y reconversión de viñedos y 9,6 millones para programas de inversión.
También han analizado el programa de controles de explotaciones de porcino para garantizar una aplicación efectiva y homogénea del real decreto de ordenación de las granjas intensivas de este sector, aprobado en 2021.
Es la primera vez que se aprueba un plan de este tipo y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, ha señalado que la ganadería de su región está “especialmente interesada” en tomar “todas” las medidas necesarias para garantizar que la producción intensiva “sea sostenible” en los próximos años.
