El Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja (COER), la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) han expresado este jueves su preocupación ante la situación actual en las residencias de personas mayores en esta comunidad riojana.
Estas tres entidades han considerado que la precariedad de las residencias riojanas en cuanto a la carencia de enfermeras es una situación que se arrastra desde antes de la pandemia, pero, con la llegada del COVID-19 y la época vacacional, se han acentuado unas circunstancias que son “insostenibles y muy preocupantes”.
También han citado los problemas que han apreciado en la residencia logroñesa de Camino de Olivos, al tratar con residentes con daño cerebral adquirido, que requieren de unos cuidados enfermeros específicos y continuos, pero que “no se están llevando a cabo por falta de ese personal”.
“Desde hace muchos años, viene siendo ya una ‘triste tradición’ la falta de enfermeras en estos centros residenciales en toda nuestra comunidad”, han precisado, por lo que han reclamado a Gerontorioja la adopción de medidas urgentes para reestablecer el servicio de enfermería.
El Colegio de Enfermería de La Rioja, la SEEGG y la AEC apuestan por mejorar sustancialmente las condiciones laborales y económicas de las enfermeras, y, aunque recientemente se ha avanzado algo en esta dirección, sigue pesando mucho en la memoria de este colectivo los años de precariedad en este tipo de centros.
Otra medida que ayudaría a evitar estos problemas sería la apuesta decidida de estos centros por el personal de enfermería especialista en geriatría y gerontología y una buena coordinación con las de enfermería familiar y comunitaria de su centro de salud.
También han pedido a las Consejerías de Servicios Sociales y Salud que pongan los recursos adecuados para asegurar la asistencia y los cuidados a los que estos ciudadanos tienen derecho, ya que, al elegir como su domicilio una residencia de personas mayores, no pueden ser excluidas de la protección del sistema público de salud.
“Salvo en momentos puntuales y de emergencia, esta salvaguarda a los derechos de la ciudadanía no puede hacerse a costa de una Atención Primaria. mermada desde hace años en recursos materiales y humanos y sobrecargando de trabajo a un personal ya saturado”, han subrayado.
A ello han sumado su exigencia a los poderes públicos para que se aseguren que las empresas que prestan estos servicios residenciales a los riojanos cumplen estrictamente los requerimientos legales para poder estar abiertos al público.
“Y en caso de no cumplirlos, deben tener la valentía suficiente para tomar las medidas oportunas, incluido el cierre de algunos de estos centros”, han dicho.
Han considerado que “las autoridades políticas deben ser las primeras en defender la salud y el cuidado de la población riojana” y, de manera muy especial, la de las personas mayores.
Aspiran a que la implementación de la nueva Ley sobre Residencias de Mayores a nivel estatal tenga su contextualización y transposición “urgente y mejorada” en La Roja.
