El Grupo Municipal Popular de Logroño ha enviado al Defensor del Pueblo el Dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja respecto al proceso de contratación de 32 actuaciones de ‘Calles Abiertas’ declarados nulas, ha informado este viernes.
Así, ha ampliado la documentación ya aportada a la queja que los populares presentaron en relación al programa ‘Estrategia Calles Abiertas’. En su queja, los populares denunciaban que la señalización en las calles Sagasta, Fundición, República Argentina, Gonzalo de Berceo y Duquesa de la Victoria vulnera los artículos 14, 15 y 19 de la Constitución.
Estos artículos aluden al derecho a la libre circulación por el territorio nacional en condiciones de igualdad y adecuada accesibilidad, y con debida garantía de su integridad física. La queja presentada por el Grupo Popular fue admitida por el Defensor del Pueblo, que promovió una investigación para el esclarecimiento de los supuestos recogidos en la misma.
Los populares han adjuntado el Dictamen del Consejo Consultivo, que determina que las contrataciones se realizaron prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y se hizo de manera continuada y se actuó al margen de la Ley de Contratos.
En el escrito enviado en los últimos días al Defensor del Pueblo junto al Dictamen del Consejo, los populares detallan que las contrataciones verbales de emergencia que dieron lugar a esas 32 facturas son nulas de pleno derecho.
Añaden que es “un hecho relevante para la resolución de la denuncia planteada, por cuanto evidencia la existencia de la vía de hecho a la que el Grupo Popular aludía como causante de la vulneración constitucional finalmente producida”.
Asimismo, señalaban que no existía un procedimiento administrativo que soportara las señalizaciones ejecutadas. A partir del mes de mayo de este año, el estado de alarma por la covid-19 decae y, con ello, aseguran, la provisionalidad de las medidas que se venían adoptando.
A partir de ese momento no hay cobertura ni de la Resolución de Alcaldía dictada en mayor de 2020 ni de normativa nacional para sustentar la señalización que se está aplicando, precisan los populares.
A partir de mayo se produce lo que se denomina vía de hecho y se consolidan acciones sin los informes técnicos necesarios, incluso con informes desfavorables de algunas unidades técnicas municipales y sin la Ordenanza de Movilidad que diera soporte a la señal ética utilizada.
En febrero los populares ampliaron la queja presentada en octubre, con los informes de Asesoría Jurídica, Dirección General de Contratación e Intervención General, respecto a las 32 facturas declaradas nulas y que corresponden también a actuaciones del programa ‘Calles Abiertas’.
