La Rioja

Andreu: “El Gobierno actúa rápido y con diálogo ante la guerra en Ucrania”

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha defendido que su Ejecutivo ha actuado “rápido” y en diálogo con los agentes sociales para adoptar medidas con las que paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Andreu ha respondido así en el pleno del Parlamento regional a una pregunta del portavoz socialista Raúl Díaz sobre el Plan de Respuesta a la guerra, que tiene medidas por valor de 9 millones de euros, ha precisado. “Hemos actuado rápido y sin perdernos en debates que no llevan a ningún lado” porque “es importante que los riojanos sean conscientes de que trabajamos sin descanso para solucionar problemas, no perdemos tiempo en polémicas estériles”.

Así, ha repasado el que se han destinado 800.000 euros para complementar ayudas a trabajadores en Erte, se han destinado 2,5 millones en ayudas directas por la subida de carburantes y de los precios de la energía, se ha reducido el precio del transporte, se han dado ayudas a la pobreza energética por 1,5 millones.

También ha recordado que se han destinado 2,5 millones a ayudas a los sectores agrícola y ganadero y 1,5 millones para aumentar la renta de ciudadanía durante tres meses.

Por otro lado, también en respuesta a Díaz, ha aludido al trabajo del Gobierno en Sanidad, donde se ha acabado con la derivación obligatoria a la sanidad privada de accidentes de tráfico, se ha integrado en el SERIS a la Fundación Hospital de Calahorra y se ha mantenido al personal contratado en la pandemia.

En sanidad, ha dicho Andreu, hay 447 trabajadores más que en 2019 y un 19,8 % más de presupuesto, lo que ha permitido reinternalizar servicios como los de radiología y las operaciones de cataratas, cirugía cardiaca menor y mayor, además de integrar el transporte sanitario.

Todo ello en un marco de “refuerzo del sistema público sanitario, que es clave” porque “estamos convencidos de que la sanidad no es un negocio”.

Dentro de la sesión del Parlamento, en el turno de preguntas a los miembros del Ejecutivo, el consejero de Desarrollo Autonómico, José Angel Lacalzada, ha defendido el cambio realizado en la ADER “para atender al tejido empresarial riojano”.

El consejero ha afirmado que las ayudas directas del Plan de Reactivación están abonadas prácticamente en su totalidad, en concreto el 95 % de los 27.000 expedientes gestionados. Ha afirmado que en esta legislatura se han abonado “expedientes olvidados por anteriores gobiernos” que suman una inversión de 70 millones y han recibido 12,5 millones de euros de ayudas.

“Con el Gobierno anterior, la ADER era un instrumento hermético al que pymes y autónomos no tenían acceso y ahora es realmente un instrumento para todo el tejido empresarial riojano”.

Frente a estas palabras, Belinda León, de Ciudadanos, ha acusado al Gobierno regional de que las ayudas no llegan a las empresas e, incluso, muchas se han tenido que endeudar y tienen que pagar préstamos sin recibir ayudas.

En otra de las respuestas a los grupos, el consejero de Sostenibilidad, Álex Dorado, ha explicado que acaba de terminar el periodo de exposición pública del Parque Natural de las 7 Villas, que es algo apoyado por todos los grupos parlamentarios “salvo el la cuadrilla del PP, que no ha dicho que opina”, lo que ha encendido las protestas de la bancada popular.

La popular Noemí Manzanos, en este sentido, ha afirmado que este proyecto “despierta muchas dudas” en los municipios afectados “e incluso hay uno, Viniegra de Arriba, en el que los vecinos se oponen”.

La consejera de Urbanismo, Eva Hita, ha defendido la gestión de su departamento, frente a las críticas del popular Carlos Cuevas, y ha incidido en que “en 24 años el PP dejó desfasarse la Lotur sin adaptarla y revisarla, quizás por lo que afectaba a casetas de aperos” mientras “nosotros trabajamos de la forma más seria”.

Por último, el consejero de Hacienda, Celso González, ha defendido que la Fundación para la Transformación de La Rioja no es más que “el cambio natural de la Fundación Riojana para la Innovación que se creó en 2010”.

“Se trata de adaptarse a un nuevo contexto marcado por el impacto de la pandemia y la movilización de recursos con los que impulsar la modernización de la comunidad autónoma y solamente se ha producido un cambio de naturaleza jurídica porque no podían participar entidades privadas para no dar lugar a incompatibilidades”, ha finalizado.

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