Alrededor de 250 personas se han concentrado en la tarde de este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja contra la subida generalizada de los precios en los últimos meses.
En su convocatoria, el Foro recordaba que el pasado mes de febrero la inflación alcanzó una nueva cifra histórica situándose, en el 7,6 %, su nivel más alto desde 1986, y lamentaba que “la tensión de los precios de la electricidad, gas, los carburantes y otras materias primas se está trasladando al precio del resto de bienes y servicios que ya suben de forma generalizada”, por lo que insta a la Administración a “actuar con celeridad”.
FOTO: EFE/Abel Alonso.
En el manifiesto que han leído ante la Delegación del Gobierno, los participantes en la concentración han reivindicado un cambio en el “irracional sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, controlando alzas desmesuradas”, al tiempo que pide a los Gobiernos que “topen el precio máximo del MWh en la subasta, porque no puede ser que los precios del gas marquen el precio de la electricidad que se genera a través de otras tecnologías más baratas”.
Entre otras reivindicaciones, han pedido el fin a “los beneficios extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos que venden productos a precios de futuras materias almacenadas”, además de la aprobación de medidas contra la especulación de los precios de los productos básicos, ya que “mientras la gran mayoría sufrimos esta situación no puede ser que haya quien saca tajada de la desgracia”.
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Asimismo, plantean la creación de “una empresa pública de producción y distribución de energía para garantizar el derecho al acceso a una vida digna de todas las familias trabajadoras” y “devolver Red Eléctrica a manos del Estado”, ya que “su privatización fue denunciada en 2005 por el Tribunal de Cuentas por haber sido realizada “con falta de claridad y transparencia”, en “beneficio exclusivo “ de las compañías del sector y de espaldas al “interés general”».
En resumen, los manifestantes exigen a las Adminsitraciones que “protejan a la ciudadanía y las familias”, porque “la solidaridad es la base del modelo social europeo, que debemos cuidar y extender”.
