El sector primario europeo afronta la recta final antes de dar la bienvenida a un 2023 que traerá bajo el brazo una nueva partida de ayudas pero más mermada, con un tijeretazo de algo más del diez por ciento en el presupuesto. Quedan escasos meses para que los operadores se amolden a las nuevas reglas del juego en función del Plan Estratégico que diseñe la PAC 2023-2027 y que España ya envió a finales de diciembre a la Comisión Europea y que se encuentra actualmente en fase de presentación de alegaciones antes de que Bruselas dé su visto bueno, previsto para este primer semestre del año.
Un instrumento de aplicación dotado con 47.724 millones de euros hasta 2027 y que se viene elaborando desde hace más de un año a través de infinidad de reuniones entre el Ministerio de Luis Planas y las OPA. El objetivo: poner las cartas sobre la mesa, exponer las observaciones y sugerencias en materia agraria y llegar a consensos. “Pero, una vez más, las cuestiones fundamentales, más estructurales, ya están definidas y sin tener en cuenta las opiniones del sector”.
Una de las principales luchas perdidas del sector es el destino de esos fondos aminorados y lo que se entiende por agricultor activo. Hasta ahora las ayudas iban dirigidas a aquellas personas cuyas rentas procedieran al menos en un cincuenta por ciento de la actividad agraria, pero ahora ese requisito se ha reducido a la mitad. Una medida que favorece, por tanto, la pluriactividad sin ser el cultivo de la tierra o el cuidado de los animales la principal fuente de ingresos. “Se debería favorecer a quienes mayormente viven de este sector, porque con estos cambios lo que se va a conseguir es que se cuelen en el reparto de fondos muchos productores a tiempo parcial. Además, con presentar el cupón de la seguridad social agraria sería suficiente”, añade la organización ARAG-ASAJA.
Una definición para referirse a los beneficiarios que, critican desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG), “no favorece para nada el modelo de agricultura profesional más vinculado a la empresa familiar. Aquí cabe todo el mundo y todos pueden recibir ayudas aunque no vivan de la agricultura o la ganadería principalmente, como ocurre con las multinacionales que acaparan gran cantidad de hectáreas y en ocasiones las destinan a la producción de energías renovables”. La organización agraria, que califica esta nueva Política Agraria Común de “verdadero desastre y despropósito”, reclama una diferenciación entre aquellas tierras destinadas a la instalación de placas solares y las que servirán para cultivar: “Lo que no es lógico es que se haya puesto dinero público para la creación de concentraciones parcelarias o la instalación de regadíos y que estas grandes empresas lleguen, desplacen a los agricultores y monten sus instalaciones”.
Otra de las novedades para este nuevo periodo 2023-2027 es la incorporación del pago redistributivo que “en teoría pretende favorecer más a las pequeñas y medianas explotaciones, pero ya se verá en qué se queda en la práctica”. ARAG-ASAJA, en este caso, aplaude la “sensibilidad” del Ministerio a la hora de valorar positivamente estas demandas del sector para que el pago no fuera a parar ni a las empresas más pequeñas que pueden ser explotaciones virtuales o a tiempo parcial, ni a las de mayor tamaño que pertenecen a grandes grupos debido a su desvinculación de las explotaciones familiares.
Ahondando en las novedades más técnicas, la organización señala que “sólo queda apostar por ir al detalle y buscar modificaciones en esa letra pequeña antes de que concluya dicho plazo de presentación de alegaciones”. En este sentido, se refiere a la creación de los famosos ecoesquemas que tanto han dado, y dan, que hablar como una de las principales exigencias medioambientales que protagonizan esta nueva PAC. “El debate ahora se centra en esas condiciones que el agricultor o ganadero deberá cumplir en cuanto a prácticas medioambientales para poder optar a estas ayudas, así como en la normativa de la condicionalidad reforzada, vinculada a las buenas practicas agrarias relacionadas con el mantenimiento de los suelos, el riego o el cuidado de las aves, por ejemplo, y que el productor debe cumplir para ser beneficiario.
La Unión de Pequeños Agricultores de La Rioja aborda también el tema de los derechos y aboga por el fin de la propiedad de estos: “Lo que hay que conseguir es que las ayudas las reciban quienes siembran la tierra, no quienes tienen sus derechos, porque de esta forma nos encontramos con gente de Madrid, por ejemplo, que cada año cobra su PAC sin pisar el campo y que se camuflan con triquiñuelas. Además, debe haber un reparto más justo del dinero”.
Otra queja es la de la reestructuración de las ayudas de la PAC con la creación de los ecoesquemas, una nueva figura vinculada a prácticas ambientales y que va a aglutinar cerca del 25 por ciento del presupuesto total de las ayudas directas. Ayudas, además, de carácter voluntario, pero quien no se quiera acoger a ellas podrá dejar de percibir cerca de un 25 por ciento menos de lo que recibía antes. “El problema es que el Ministerio sabe perfectamente que no va a haber dinero suficiente para todos. Los posibles escenarios que se han dibujado de primas por cabeza de ganado y hectáreas cultivadas se ha hecho en función de una previsión de que acceda un 70 por ciento de los posibles solicitantes”, señala desde ARAG-ASAJA.
El Gobierno central se refería a este Plan Estratégico como la clave para lograr “una PAC más justa, más social y más sostenible para impulsar un sector agroalimentario estratégico que contará con el presupuesto y las herramientas necesarias para poder afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la próxima década”. Sin embargo, las OPA disienten y aseguran que habrá menos dinero, dirigido además a personas no profesionales del sector agrario y con más exigencias medioambientales que conllevarán mayor coste a afrontar para los operadores.
“Ojalá estas ayudas no existieran y se pagase a los agricultores y ganaderos por el valor de los productos que producen. Pero existe ese déficit entre lo que el mercado quiere pagar y lo que cuesta producirlos. Así que sin las ayudas directas de la PAC, actividades como la ganadería extensiva o el cultivo del cereal desaparecerían”, valora la organización de ARAG-ASAJA. Pero “lo que empezó siendo una política agraria que se llevaba más de un 60 por ciento de todo el presupuesto de la Unión Europea para defender la supervivencia de un sector clave e imprescindible como es el de la alimentación, ahora ha reducido su partida a la mitad, y esto no solo afecta a agricultores y ganaderos, sino a los consumidores en general”, inciden desde la UAGR-COAG.
