El PP de Logroño ha criticado este martes “la falta absoluta de transparencia y el oscurantismo” del Gobierno local durante la comisión informativa extraordinaria celebrada este lunes relativa a 32 facturas “nulas” de la estrategia “Calles abiertas” por valor de 199.000 euros.
Así lo ha afirmado la concejala popular Celia Sanz en una rueda informativa, en la que también ha participado su compañero de grupo Ángel Sáinz Yangüela, para pronunciarse sobre esa comisión y los cambios realizados sobre ‘Calles abiertas’, programa que se puso en marcha durante la pandemia del COVID-19.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño afirmó que “las facturas tramitadas en los plazos establecidos para procesos de emergencia ya fueron pagadas” y “el resto de trabajos realizados dentro del estado de alarma se encuentran en el Consejo Consultivo”.
Estos trabajos, que suman un total de 190.000 euros, están “acompañados de todos los informes necesarios con el objetivo de que los proveedores puedan cobrar lo antes posible”, informaba el Gobierno municipal en una nota.
Sin embargo, Celia Sanz ha explicado este martes que “en esa comisión hubo de todo menos respuestas clarificadoras” porque los concejales que comparecieron a petición del Grupo Popular, el de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero; y Economía, Esmeralda Campos, “dieron respuestas evasivas a cuestiones concretas y se refirieron a informes técnicos”.
“No se nos contestó a quién había decidido que estas empresas realizaran las intervenciones y ya dijimos, al principio de la comisión, que presumimos la buena fe de todos los proveedores que han intervenido y que lo más importante es que todos cobren por su trabajo”, ha precisado. Ha añadido que “se limitaron a recordar lo que recogían los informes de los técnicos de la casa (Ayuntamiento), evadiendo las preguntas formuladas”.
También ha indicado que su objetivo es que “se esclarezca por qué esas 32 facturas son nulas de pleno derecho, esto quiere decir que hubo una contratación en la que no se respetó, o se saltó de una manera absoluta, el procedimiento legalmente establecido, la Ley de Contratos del Sector Público”.
Para el Grupo Popular, ha quedado evidenciado que se actuó al margen de lo previsto en la Ley de Contratos y ayer “los concejales se escudaban en los técnicos con continuas evasivas sobre quién solicitaba los presupuestos y a qué empresas”.
Por ello, los concejales populares insisten en que “muchas de las actuaciones nada tienen que ver con la situación de emergencia sanitaria” de la covid-19, ha relatado.
“Vamos a seguir vigilando y no descartamos solicitar una nueva comisión informativa para continuar dando luz a cuestiones fundamentales que es necesario conocer”, ha destacado, porque “todas estas intervenciones no están justificadas”.
Esta concejala ha indicado que su grupo municipal estará pendiente del informe del Consejo Consultivo de La Rioja respecto a estas facturas para solicitar, en su caso, la depuración de responsabilidades políticas.
Por su parte, Sáinz Yangüela ha asegurado que Caballero dijo en la comisión que “no conocíamos las limitaciones a la contratación”, y, a juicio del edil popular, “solo reconocer eso debería de ir acompañado de la renuncia al acta de concejal”.
Además, ha resaltado que, en la comisión, “el PSOE se quedó solo tratando de defender lo indefendible”, ya que “sus socios de Gobierno -UP y PR+-no abrieron la boca para defender las actuaciones del Ejecutivo municipal, y uno de los partidos ni siquiera asistió, muestra de que hay algo raro”.
“Tras dos horas de comisión, salimos con más dudas de con las que entramos”, ha afirmado Sáinz Yangüela, para quien “los informes a los que hemos tenido acceso evidencian una falta de rigor en la gestión del dinero de los logroñeses y que se ha contratado irregularmente a empresas determinadas”.
Respecto a la contratación de las empresas que realizaron los trabajos durante el periodo de emergencia, el PP entiende que se pidan oferta a empresas con las que habitualmente trabaja el Ayuntamiento, “pero alguien tuvo que poner sobre la mesa el nombre de GEA 21 con quien nunca se había trabajado”, algo que Caballero y Campos “evitaron responder” en varias ocasiones”, según Sáinz Yangüela.
La contratación de esta empresa, para el PP, “resulta dudosa porque su propia oferta no se ajustaba a los requisitos marcados por el Ayuntamiento”, dado que “se le pide presupuesto por 200 horas de trabajo y hacen una oferta de 225”, ha detallado.
Explicaciones del consistorio
El Ayuntamiento de Logroño ha indicado que ‘Logroño Calles Abiertas’ fue una estrategia puesta en marcha por emergencia en mayo de 2020 en plena pandemia del coronavirus para garantizar la seguridad de las personas.
A través de una resolución de Alcaldía, ha proseguido, “se declaró la emergencia de las actuaciones provisionales necesarias para adecuar el espacio público y favorecer la movilidad personal”; así como “la reapertura de la actividad hostelera y comercial, con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio y permitir el suficiente espacio”.
“Las obras están ejecutadas durante el estado de alarma y justificadas por la situación crítica que precisaba la distancia entre las personas, el cierre de los establecimientos hosteleros y la escasez de mascarillas”, ha subrayado.
Ha indicado que las acciones de urbanismo táctico se realizaron en el espacio público para adaptar la ubicación de las terrazas de la hostería, los entornos escolares y en las calles Gonzalo de Berceo, Siete Infantes, Fundición, Sagasta, Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, República Argentina y Vara de Rey y en el barrio de Madre de Dios.
También ha subrayado que estas facturas corresponden, en todos los casos, a trabajos realizados a precios de mercado durante el estado de alarma, que fueron ofertados previamente y que se ejecutaron o suministraron por proveedores habituales del Ayuntamiento de Logroño y empresas de prestigio nacional e internacional.
Además, ha señalado que las actuaciones y gestiones realizadas durante el estado de alarma están justificadas en los informes proporcionados por la Unidad Técnica tras la resolución de alcaldía, que “declaraba la emergencia para adaptar el espacio público y la movilidad a la emergencia sanitaria”.
Ha especificado que “en otras concejalías se actuó de la misma manera”, como, por ejemplo, en “Logroño Comunitario” y “las acciones que se realizaron para los más vulnerables durante el periodo más duro de la pandemia, acciones avaladas en todo momento por los servicios municipales”.
“Si alguien tiene alguna duda sobre la validez, transparencia y legalidad del proceso, puede denunciarlo en los tribunales de justicia, en lugar de verter sospechas sobre las personas”, ha concluido.
