El PP ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la presunta vulneración de derechos constitucionales en el programa «Calles Abiertas», implantado por Ayuntamiento de Logroño (PSOE, Unidas Podemos y PR+) y le ha solicitado una investigación al respecto.
El portavoz del PP, Conrado Escobar, ha indicado que en este programa, que ha sido «impuesto», hay una presunta vulneración del derecho de los ciudadanos a la libre circulación por el territorio nacional en condiciones de igualdad y accesibilidad y con garantía de su integridad física, ha dicho Escobar.
Este programa implantado en algunas calles de Logroño, como Duquesa de la Victoria o Fundición, incluye una señalización en la calzada que, en muchos casos según denuncia el PP, no está avalada por informes técnicos, en otros es desfavorable y en otros no viene amparada por la normativa de movilidad, ha añadido.
El PP, «como garante de los derechos constitucionales de los artículos 14, 15 y 19 de la Constitución y otros colaterales», ha agregado, «quiere que el Defensor del Pueblo investigue la situación y adopte las medidas oportunas para que se respeten esos derechos».
Escobar ha precisado que la inmensa mayoría de la ciudadanía no entiende las señales y sus colores pintados en la calzada de en las calles incluidas en este programa, lo que genera «gran incertidumbre y desconocimiento».
Además, según los datos del PP, técnicos municipales han argumentado que estas señales de colores pueden inducir a error y su significado, además de generar riesgos para la circulación.
Entre algunos ejemplos del «desconcierto» que genera esta señalización «impuesta» han citado la accesibilidad de las ambulancias, furgonetas del servicio de ayuda a domicilio que no pueden parar en el domicilio de las personas o reparto del comercio «muy castigado».
También hay quejas de la ciudadanía que desconoce la señalización a la hora de circular con sus vehículos o los problemas generados en la vía a la hora de bajar del coche con niños o ancianos, ha indicado.
El PP considera que el pasado mes mayo terminó el estado de alarma por el COVID-19 y la provisionalidad en las medidas adoptadas durante la pandemia -en este caso en el ámbito de la movilidad- deben también retrotraerse por el Ayuntamiento para garantizar los derechos de los vecinos
