Las Instituciones Penitenciarias han acordado el traslado del etarra Aitor Olaizola Baseta del centro penitenciario de Logroño al de Zaballa (Álava) y a Iurgi Garitagoitia Salegui del de Soto del Real (Madrid) al de la capital riojana.
Iurgi Garitagoitia Salegui ingresó en prisión el 16 de noviembre de 2020 entregado por Francia y fue condenado a 389 años de cárcel por 25 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa al participar en la colocación de tres artefactos explosivos junto a un repetidor de telefonía de Hernani (Guipúzcoa). El primero explosionó sobre la una de la madrugada del 16 de enero de 2009, pero los otros dos fueron desactivados por los ertzainas que acudieron al lugar.
También fue condenado a 44 años de cárcel por el asesinato del empresario Ignacio Uría en 2008 en Azpeitia (Guipúzcoa) en una campaña de ETA contra la construcción del tren de alta velocidad AVE. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en enero de 2034. Acepta la legalidad penitenciaria, rechaza el uso de la violencia y ha manifestado su deseo de atenuar el dolor causado a las víctimas de sus delitos.
Por su parte, Aitor Olaizaola ingresó en prisión el 30 de marzo de 2001 y fue condenado a 75 años de cárcel por el atentado con coche bomba en 2001 en las inmediaciones de un hotel de Roses (Girona), en el que murió un mosso d’Esquadra y resultaron heridos un policía local y una ciudadana francesa.
Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2023. En su caso está abonando la responsabilidad civil, acepta la legalidad penitenciaria, ha remitido un escrito en el que se muestra dispuesto a reparar el daño causado y a atenuar el sufrimiento de las víctimas de sus delitos y rechaza el uso de la violencia.
En un comunicado, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) lamenta que “una vez que el Gobierno ha aniquilado la política de dispersión, acercando incluso a etarras que nunca han mostrado ni un ápice de arrepentimiento e incluso algunos de ellos han declarado que volverían a coger las pistolas para matar”.
“Las víctimas nos sentimos humilladas ante estas decisiones que sólo van orientadas a contentar a Bildu como socio de Gobierno”, añade. Y recalca: Bildu es “una formación política para la que la AVT ha solicitado su ilegalización con más de 200 indicios, que consideramos ilegal y que sigue justificando algunos crímenes de estos terroristas que no dudan en ovacionar cuando salen de prisión”.
