La Universidad de La Rioja ha sancionado al profesor Raúl Juárez con una suspensión de empleo y sueldo de cinco meses, previéndose su reincorporación para el próximo 1 de septiembre. El diputado del PSOE ha confirmado a NueveCuatroUno la sentencia del expediente administrativo que el centro abrió hace varias semanas, tras detectarse presuntas incompatibilidades en el desempeño de su cargo con dos actividades laborales en la sanidad navarra y un colegio de enfermería.
Juárez estudia ahora recurrir la decisión en los tribunales, aunque por el momento se encuentra suspendido de empleo y sueldo. “La sanción viene de un proceso que ha abierto la universidad con su versión de las cosas y yo tengo la mía. Es algo administrativo, laboral y personal”, ha explicado, denunciando una campaña de acoso hacia su persona, el Gobierno de La Rioja y el nuevo rector de la Universidad de La Rioja, Juan Carlos Ayala.
Y es que desde hace un par de días circula por Whatsapp (esos en los que pone “reenviado muchas veces” cuando lo recibes) en el que se acusa al dirigente socialista de simultanear tres contratos laborales -sin contar su cargo como diputado, ya que solo percibe dietas- y de cierta connivencia con Ayala para que su sanción sea lo más baja posible. Tras ser preguntada por este medio, la respuesta de la UR sobre el expediente ha sido escueta y concisa: “No podemos facilitar informaciones de esa naturaleza, que afectan a datos de carácter personal”.
Sin entrar a valorar el mensaje que circula de móvil en móvil -al que ha calificado como “sesgado”, “incierto” y “falso”-, Juárez ha reiterado que su siguiente paso podría estar en el Juzgado. “Ahora hay que escuchar mi parte y será un juez el que decida al respecto porque la universidad se ocupa de la parte administrativa”, ha defendido, argumentando que él no considera que haya mantenido ninguna actividad laboral fuera de la Universidad de La Rioja porque no habría existido un alta en la Seguridad Social.
¿De dónde proviene el lío administrativo? La Ley de Incompatibilidades de los funcionarios señala que el desempeño de un puesto de trabajo por un empleado público será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que “pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”.
