La Rioja

Juzgados y servicios sociales agilizan su comunicación ante posibles desahucios

El Gobierno de La Rioja ha firmado un acuerdo con la Secretaría de Gobierno que marca el protocolo de actuación para agilizar la comunicación entre los juzgados y servicios sociales ante posibles casos de vulnerabilidad ante lanzamientos de viviendas familiares.

El director general de Justicia e Interior, Jorge Medel, junto con el de Servicios Sociales, Jorge Fraile, han explicado este protocolo junto al secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Luis Fernando Santos del Valle, en una rueda de prensa en la que el gerente del IRVI, Francisco Javier Caldito, ha recordado la ayuda que ofrece el Gobierno de La Rioja para mediar con las entidades financieras y facilitar viviendas de alquiler social.

La Rioja es la primera comunidad autónoma que activa un protocolo de estas características y que implementa una comunicación electrónica porque, tal y como ha detallado Medel, “el riesgo de exclusión social de miles de familias riojanas se ha visto agravado con la pandemia, lo que ha provocado la adopción de diversas medidas de política social y económica cuya única finalidad es mitigar esta situación que es, en definitiva, el objetivo último del acuerdo firmado con la Secretaría de Gobierno”.

Así, ha apostillado, “este protocolo agilizará la comunicación y trasmisión de información entre los juzgados y servicios sociales con el fin de prever y anticiparnos a posibles situaciones de vulnerabilidad y poder ofrecer a los afectados una solución e información de los recursos que el Ejecutivo regional pone a su disposición”. De esta forma, “los afectados recibirán, junto con la notificación del procedimiento judicial, información actualizada sobre los distintos servicios y recursos existentes”.

Asimismo, “y en caso de que los servicios sociales confirmen que el hogar afectado por el lanzamiento se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se notificará al órgano judicial inmediatamente y, recibida esta comunicación, se podrá suspender el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas durante un plazo máximo de un mes o de tres meses si estamos hablando de una persona jurídica”. En definitiva, ha insistido, “con este protocolo el objetivo del Gobierno de La Rioja es que nadie se quede atrás y proteger a estos colectivos vulnerables”.

Situaciones de especial vulnerabilidad

El acuerdo firmado por el Gobierno de La Rioja y la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ampara a familias en una situación de especial vulnerabilidad y con unas condiciones específicas que también recoge el acuerdo. De esta forma, ha detallado el director general de Servicios Sociales, Jorge Fraile, “se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad una unidad familiar monoparental con al menos un hijo a cargo; una unidad familiar de la que forme parte un menor; o una unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género”. En cuanto a las circunstancias económicas, el acuerdo recoge otras más específicas y que dependerán de la composición y circunstancias de los miembros de la unidad familiar.

Asimismo, y al margen del protocolo, Fraile ha recordado que el Gobierno de La Rioja “cuenta además con las denominadas ayudas de emergencia social cuya cuantía se ha incrementado este año 2021 un 33 por ciento superando los 1,4 millones de euros”. Ayudas, ha matizado, “que ante situaciones puntuales de impago de alquileres pueden destinarse a este fin”.

Por último, Fraile ha valorado el protocolo y ha resaltado “el papel fundamental de los servicios sociales en general y, en particular, el de las y los trabajadores sociales de los ayuntamientos y Mancomunidades porque son la piel de los servicios sociales por su conocimiento de la realidad social”, profesionales a los que el director general de Servicios Sociales ha agradecido “su trabajo, entrega y dedicación”.

Las soluciones y alternativas que ofrece el IRVI

El gerente del IRVI, Javier Caldito, ha afirmado que “el IRVI entiende este protocolo desde una mirada social y desde el trabajo continuo para hacer frente a situaciones provocadas por esta crisis sanitaria, social y económica, siempre al lado de quien más lo necesita”. En este sentido, ha enfatizado que “el IRVI forma parte del eje de la vivienda social del Gobierno de la Rioja como instrumento para garantizar el derecho a la vivienda”.

Así, ha subrayado que el IRVI “ofrece un escudo de protección para los colectivos vulnerables y la vulnerabilidad sobrevenida por el COVID-19”. Caldito ha señalado que “ante la ausencia de políticas públicas del pasado, empezamos a cerrar el círculo de desprotección en materia de vivienda en La Rioja y abrimos un paraguas de protección social”.

Respecto al protocolo, ha concretado: “Ante dificultades de impago de una hipoteca o arrendamiento, si previamente las personas afectadas no se han puesto en contacto con el IRVI, llegada la notificación de procedimiento judicial, esta notificación irá acompañada de un folleto informativo de IRVI sobre nuestro Servicio de Mediación, para que, voluntariamente, estas familias lo antes posible se dirijan a nosotros y podamos mediar ante terceros, generalmente entidades financieras y fondos de inversión. Desde el IRVI, realizaremos un itinerario de acompañamiento, y ofreceremos distintas soluciones y alternativas habitacionales que vendrán de la mano del nuevo Parque de Alquiler del Gobierno de la Rioja, de la Orden de ayudas a personas vulnerables y del Programa de Mediación”.

400 procedimientos que llevan aparejado un lanzamiento de vivienda

Por su parte secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Luis Fernando Santos del Valle, ha calculado que, “al año, se producen unos 400 procedimientos que llevan aparejado un lanzamiento de vivienda en los juzgados de La Rioja, ¿cómo van a poder conocer los servicios sociales toda la información de estas personas demandadas si no hay coordinación entre la Administración de Justicia y los Servicios Sociales?”, se ha preguntado. Por esta razón, Santos, ha valorado este protocolo “porque va a permitir coordinarnos y conseguir la finalidad de amparar a estas personas vulnerables para que puedan acceder y conocer las ayudas que tienen a su disposición”.

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