La Rioja

El ‘caso San Vicente’ permitió a los acusados optar a repartos de viñedo

El presidente del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha acusado este martes a los dirigentes del PSOE y el PP en La Rioja de «avalar las irregularidades que se han estado cometiendo en San Vicente de la Sonsierra», incumpliendo al mismo tiempo los códigos éticos de ambas formaciones.

El líder regionalista ha señalado que el Gobierno de La Rioja ya solicitó en 2019 revocar las adjudicaciones de parcelas municipales que han llevado al juzgado a más de la mitad del Ayuntamiento de San Vicente «por su ilegalidad», y «así se lo hizo saber a los responsables del Consistorio en marzo de ese año».

Según explica Antoñanzas, «la actuación durante años de concejales socialistas y populares ha reportado a personas afines importantes beneficios derivados no solo de la explotación de los terrenos municipales arrendados». «Como el propio alcalde actual ha explicado, con estos contratos han podido optar a nuevos repartos de viñedo y ayudas, tanto económicas directas como de maquinaria y material», añade.

Unos presuntos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos que están siendo juzgados en el Juzgado de Haro tras una denuncia penal del Partido Riojano. Un caso que afecta a la exalcaldesa, al actual alcalde, a tres concejales más del Partido Socialista y del Partido Popular y al secretario del Ayuntamiento.

El Partido Riojano se pregunta «cuáles van a ser ahora las decisiones que se adopten en relación a esos terrenos, a los que la totalidad de los vecinos no ha podido tener acceso».

Rubén Antoñanzas ha criticado que «los representantes del PP apoyaron con su presencia la toma de posesión de un investigado por corrupción como alcalde; apoyo por el que deben muchas explicaciones a los riojanos que exigen claridad y tolerancia cero ante este tipo de conductas».

Incumplimiento del código ético

El presidente del PR+ ha denunciado que ambos partidos han incumplido su propio código ético, que en el caso del PSOE establece que «cualquier cargo público del partido al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido».

Por su parte, el código ético del PP indica que «está prohibido ejercer cualquier tipo de influencia desde el partido en funcionarios o empleados públicos para conseguir cualquier tipo de actuación que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico a algún integrante del Partido Popular».

«Confiamos mucho en la Justicia y nada en el PSOE y en el PP, porque no solo han amparado en el pasado lo que estaban haciendo sus representantes en San Vicente, sino que siguen aplaudiéndoles cuando están dando cuentas ante el juez por delitos tan graves», ha concluido Antoñanzas.

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