Cinco de los nueve concejales del Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra tendrá que declarar ante la Justicia como presuntos autores de un delito de prevaricación por el alquiler de varias parcelas municipales, con los miembros de la Corporación municipal como beneficiarios.
Así lo avanza Rioja2, que indica que los acusados son dos de los tres ediles del PSOE, dos de los cinco del Partido Popular (además de Isabel Bañares, que dimitió de la Alcaldía hace apenas tres semanas “por motivos personales” y el interventor municipal. Todos ellos declararán este mismo miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Haro.
Laa investigación, que parte de una denuncia presentada por el Partido Riojano (formación con un único concejal en el salón de plenos del Ayuntamiento), señala como titulares de los contratos bajo sospecha a varios familiares del exalcalde de San Vicente, fallecido hace dos años, “aglutinando uno de ellos hasta 9 hectáreas de terreno municipal valoradas en 350.000 euros”.
Los investigados (fórmula jurídica anteriormente conocida como ‘imputados’) son la propia Bañares (a quien acusa de no revocar los contratos de alquiler), el alcalde en funciones Ramón Ramírez (PP), como “favorecido directamente o familiarmente por las adjudicaciones”; José María Pérez (PP, también presuntamente favorecido personal o familiarmente); Ricardo Lara, Emilio Ibáñez (ambos, del PSOE, acusados de un delito de prevaricación y otro de malversación por votar a favor de los arrendamientos); y el secretario interventor, “cooperador necesario” para la adjudicación irregular de las parcelas.
El escrito del fiscal sostiene que las adjudicaciones ilegales se han producido, al menos, desde hace cuatro años, periodo en el que todos los acusados han formado parte de la Corporación sonserrana. Las contrataciones se han producido -siempre, según la acusación- sin expedientes administrativos y con “los propios miembros de la corporación, sus esposas, hijos o parientes próximos los beneficiados, como son los casos significativos de la esposa y cuñado del entonces acalde, el padre del teniente de alcalde o los hijos del otro teniente de alcalde”.
Asimismo, la denuncia del PR+ apunta que los investigados han aportado “justificaciones falsas” y han llegado a “disponer de prácticamente 9 hectáreas de terreno (90.000 metros cuadrados) cuya valoración mínima conforme a los criterios de valoración de la Comunidad Autónoma de La Rioja sería de unos 350.000 euros (30.000 euros la Hectárea de viña), cuando el arriendo se le realiza por menos de 2.500 euros al año”.
