La Policía Nacional ha detenido en Logroño a una mujer (58 años) como presunta autora de tres delitos. En concreto, contra la Seguridad Social, falsedad documental y estafa. Esta cuenta con dos gestorías en la capital riojana y no tiene antecedentes policiales. Los agentes han identificado a trece clientes, la mayoría de nacionalidad extranjera, a los que solicitó y cobró fraudulentamente las prestaciones de la seguridad social. Las cantidades rondan los 29.000 euros.
La investigación arrancó en diciembre del año pasado. Una denuncia de una mutua alertó que una “posible beneficiaria” de una ayuda extraordinaria por el COVID-19 alertaba de un pago irregular. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, recibió 2.200 euros cuando no había solicitado dicha ayuda. Su asesora fiscal le había informado de que “no cumplía los requisitos, por lo que no se había podido tramitar y por tanto no había recibido dinero alguno”.
La UDEV determinó que otras cuatro personas beneficiarias de dichas ayudas económicas. Estas no habían solicitado dicha ayuda y se habían beneficiado del importe, ya que la gestora colegiada había solicitado “su ayuda” sin comunicar dicho extremo a los beneficiarios. Posteriormente, a ocho beneficiarios más se les tramitó ilegalmente la solicitud sin su consentimiento.
La intermediación
La detenida se prevalecía de su posición de intermediación. Se trata de la persona que informaba y explicaba la ayuda a sus clientes-beneficiarios, la mayoría de ellos de nacionalidad extranjera. Muchos de ellos cuentan con dificultades de comunicación por el idioma y en la realización de los trámites burocráticos, los cuales habían depositado su confianza en la asesora.
La investigación tuvo dos fases. En una primera fase, durante el estado de alarma, se apropia de las prestaciones que lícitamente les correspondían a varios de sus clientes, a quienes tramita la solicitud y se le concede la prestación, pero el destino del dinero es la cuenta bancaria de la gestoría. Los beneficiarios, todos extranjeros, todos autónomos dueños de pequeños establecimientos, cumplían los requisitos exigidos. Mediante engaño, ella les dijo que no lo cumplían, y fue ella la que se quedó con el dinero.
En la segunda de las fases, finalizado el estado de alarma, la mayoría de los establecimientos reabre al público y retoma la actividad en mayor o menor medida. Por ello, ya no cumplen los requisitos para las ayudas. La detenida así lo explica y convence a sus clientes. Sin embargo, a sus espaldas, cursa las solicitudes falseando documentos y datos, obteniendo ayudas que pasan a su cuenta bancaria.
