La Fiscalía General del Estado ha abierto en la última semana once nuevas investigaciones penales para depurar posibles responsabilidades sobre la gestión de las residencias de personas mayores o discapacitadas durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En total, en todo el territorio nacional son ya 186 las diligencias bajo la lupa del Ministerio Público por esta causa, prácticamente la mitad de ellas localizadas en la Comunidad de Madrid.
La actualización semanal del seguimiento de los expedientes tramitados por la Fiscalía no arroja cambios sobre las actuaciones centradas en los centros riojanos, que mantiene bajo el epígrafe de “en trámite”. La primera de ellas se refiere a actuaciones de índole civil y tuitiva (tramitadas como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales, preferentemente), mientras que la segunda tiene carácter penal.
La información para la investigación civil ha sido recabada por el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales, quienes se encuentran en permanente contacto con las autoridades sanitarias, facilitando así la respuesta a aquellas incidencias que, en el marco de las competencias del Ministerio Fiscal, pudieran plantearse en torno a las residencias de personas de la tercera edad.
A este respecto, Fiscalía detalla que “consta también esta semana la recepción de nueva información actualizada en relación con los establecimientos residenciales objeto de seguimiento, facilitándose así el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal”.
En cuanto a las diligencias de investigación penal, incoadas por las denuncias de PP y VOX en la región, la información ha sido recabada por parte del Fiscal Superior de La Rioja. Los populares solicitaban una investigación por si se hubiera podido incurrir en un delito de omisión de socorro sanitario desde el inicio de la pandemia.
