Este martes lo avanzaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: los bares y restaurantes ya tienen fecha para poder retomar su actividad tras el estado de alarma provocado por el COVID-19, eso sí, con restricciones.
Se hará a través de un plan de desescalada del que muchos empleados y propietarios de la restauración desconfían, generando en el sector mucha preocupación a causas de la falta de medidas que aseguren el funcionamiento total de los negocios.
Está previsto que este lunes ya se pueda acudir a los establecimientos a recoger comida para llevar y comenzarán las entregas a domicilio. Si la cosa va bien, a partir del 11 de mayo se abrirán las terrazas, limitadas a un 30 por ciento de su aforo. Quince días más tarde -si todo va bien- los clientes podrán acceder al interior del local, que solo podrá acoger a un tercio de su ocupación, que a partir del 10 de junio se ampliará al cincuenta por ciento hasta llegar, por fin, al 25 de junio, cuando, previsiblemente, se vuelva a una “nueva normalidad”.
Pero este planteamiento es insuficiente para los propietarios de bares y restaurantes. Es más, “económicamente, abrir en esta situación significa ruina”, afirma Tomás Pastor, presidente de la Asociación de Hosteleros 7 Infantes de Lara. Saben que el escenario establecido no les beneficia en absoluto y apenas tiene salida. “No creo que haya ningún local que con un treinta por ciento de su capacidad pueda funcionar”, recalca.
Tomás señala que, en cuanto a salud e higiene “claro que nos vamos a adaptar. Pondremos geles desinfectantes en la entrada, advertencias de higiene, cuidaremos la separación… Incluso en varios locales de la zona ya estamos poniendo máquinas de ozono para desinfectar diariamente el local, pero o el Gobierno nos ayuda o no podemos salir adelante”.
Los ERTE son el asunto que más inquietud genera entre los hosteleros. “Los empleados siguen sin cobrar, algunos no tienen dinero para pasar el mes y el Gobierno no concreta nada. El problema es que ellos mismos no tienen dinero para pagarnos los ERTE del siguiente mes y, al verse con la soga al cuello, nos obligan a abrir para que todo sea más fácil para ellos”.
Quizá, uno de los problemas de la hostelería riojana, entre otros muchos, sea el espacio. La mayor parte de las terrazas de la ciudad no son muy grandes y “trabajando con un treinta por ciento de la capacidad no se pueden cubrir los gastos básicos del negocio”, señala Álvaro González, propietario de tres establecimientos en el centro de Logroño.
“Arrancar y poner la maquinaria en marcha supone para nosotros volver a pagar los alquileres completos, los sueldos de la plantilla, la luz, el agua, el gas, el género, renunciar a la prestación de autónomo… En estas condiciones, está claro que es mejor no abrir”.
Y esa es, precisamente, la principal duda de este sector: ¿Podemos elegir permanecer cerrados hasta que vuelva la normalidad?. “El Gobierno no ha concretado nada. Si se pudieran al menos flexibilizar los ERTE… Si empezamos a trabajar hay que rescatar al cien por cien de la plantilla, eso sí, trabajando solo con un treinta por ciento de la capacidad”. González defiende que el objetivo principal de la hostelería es no despedir a nadie y eso solo se podría hacer “con un ERTE flexible que permita ‘recoger’ a la gente en función de la productividad”.
Números que asustan
Para los propietarios de bares y restaurantes los números todavía siguen dando miedo. Continúa muriendo gente y los contagios permanecen. “La gente todavía no tiene la suficiente confianza y seguridad para salir a la calle consumir y gastar. No creo que estar seis personas en una terraza, separados, con un camarero enfundado en un traje de astronauta y pulverizando todo el rato un spray, sea la mejor forma de tomarse algo en una terraza. Teniendo en cuenta, además, que los bares, y más en España, tienen el componente principal de la relación social”, indica.
Las discotecas se sienten discriminadas
Según el plan previsto de desescalada, los locales de ocio nocturno y discotecas tendrán que esperar hasta el 8 de junio para abrir sus puertas, cuestión que no ha sentado nada bien a los trabajadores de este sector, puesto que “nuestros locales son los más grandes, los que más gastos afrontan, más plantillas tienen y, en realidad, los más seguros”, explica Eduardo Pérez, presidente de la Federación de Empresarios de salas de fiestas y discotecas.
Por Ley, estos establecimientos deben contar con un ‘hall’ de entrada de tres o cuatro metros cuadrados, además de tener un control absoluto del acceso y una capacidad que supera los mil metros cuadrados, “la cual puede cumplir a la perfección la regla de un tercio de aforo o un cincuenta por ciento con total seguridad”.
Pérez alega que “tenemos los mismos derechos que los demás negocios, es más, contamos con mayor capacidad de cumplir exigentemente todas las medidas de seguridad puesto que tememos más amplitud de entrada, más posibilidad de distanciamiento en el interior, controladores de acceso y de sala, y en definitiva, más seguridad, pero se nos pone la zancadilla”.
Eduardo alude a una sectorización de locales por el tipo de clientes que tienen, pero”la responsabilidad de cada uno es la que debe prevalecer en estos momentos”. Además, estos grandes espacios cuentan con reservados o zonas vip que pueden facilitar el acceso, incluso, “podríamos reinventarnos y sacar adelante nuestro negocio con otro tipo de actividad, pero nos discriminan absolutamente. Somos locales públicos que pasan sus inspecciones de sanidad, que pagamos nuestras rentas igual que los demás, pero, abriendo el 8 de junio nos condenan a seguir sufriendo”.
