El Gobierno de La Rioja ha apelado a la ley de denominaciones de origen para defender al Consejo Regulador ante el desafío lanzado por la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) con la creación de la denominación de origen ‘Viñedos de Álava’. La consejera de Agricultura, Eva Hita, ha incidido además en la “independencia” del sector para resolver esta cuestión, siempre en arreglo a la “legislación vigente”.
A una pregunta formulada en el Parlamento por la diputada Noemí Manzanos (PP) sobre la petición del Gobierno Foral de Álava (integrado por PNV y PSE) para modificar los estatutos del Consejo Regulador y conseguir así una mayor representatividad, Hita ha hecho referencia a la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, leída literal en su artículo quince.
“La gestión de una o varias DOP o IGP podrá ser realizada por una entidad de gestión denominada Consejo Regulador, en el que estarán representados los operadores inscritos en los registros de la DOP o IGP correspondiente y que deberá disponer de la previa autorización del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los términos previstos reglamentariamente”.
Manzanos ha indicado que la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, afirmó en un desayuno informativo en Madrid que este tema “no le preocupa” porque “es algo de cuatro pequeños viticultores, apelando a la consejera a dar su propia opinión. En este sentido, Hita ha reiterado que la creación de ‘Viñedos de Álava’ es un proyecto “promovido por una asociación y no por una comunidad autónoma”, en referencia a la posible interferencia del Gobierno vasco.
Aludiendo a este tema como la “crónica de una muerte anunciada”, Noemí Manzanos ha pedido al Gobierno de La Rioja una mayor defensa de los intereses del Consejo Regulador, ya que en el parlamento vasco se ha aprobado el intentar recuperar la marca ‘Rioja Alavesa’ con todas sus armas administrativas jurídicas y administrativas a su alcance. En este sentido, sin salirse del guión más serio, Hita ha respondido que los miembros de las administraciones públicas pueden tener voz en estas organizaciones, pero no voto.
