La Guardia Civil, en el marco de la operación MIZU, encaminada a vigilar y controlar los acuíferos subterráneos y los superficiales, ha procedido a la detención e investigación de 107 personas como presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, delitos de distracción de aguas-usurpación y delitos de defraudación de agua.
Durante los cinco meses que se ha desarrollado la operación, se han realizado un total de 1.800 inspecciones para la localización de pozos ilegales e investigación de las extracciones ilícitas de aguas, en las que se han detectado 1.457 instalaciones ilegales, de las cuales 1.410 son pozos-sondeos y 47 balsas. Asimismo, se han formulado 2.198 infracciones, la mayoría catalogadas como incumplimientos a la normativa sobre aguas pero también a la normativa sobre minas y urbanismo y ordenación del territorio.
En el caso de La Rioja, la Guardia Civil ha realizado una inspección y ha detectado once infracciones administrativas. Ninguna de sus actuaciones en la región ha llegado a la vía penal y, por el momento, no se encuentra ninguna persona investigada.
El SEPRONA ha explicado a NueveCuatroUno que la comunidad no registra el nivel de ilegalidades en sus acuíferos como otras zonas de España, ya que cuenta con buenos recursos hídricos y no tiene problemas de escasez de agua.
La reciente aceleración del cambio climático, junto con el exponencial cambio de cultivos que se vienen produciendo sobretodo en determinadas zonas de la geografía española, acompañados de una subida generalizada de las temperaturas, especialmente en el Mediterráneo, ha dado paso a una sobreexplotación del recurso hídrico fundamental para la vida, el agua.
Uno de los métodos más usados recientemente es la perforación de pozos para la captación de agua subterránea. Esta actividad ilegal ha hecho que existan múltiples perforaciones por toda la geografía española, las cuales conforman a su vez un riesgo importante para personas y animales, una vez abandonada dicha actividad.
El SEPRONA de la Guardia Civil ha venido desarrollando dicha operación a través de la vigilancia y control de los acuíferos subterráneos, aunque también de los superficiales, dado que los acuíferos están interrelacionados. Los resultados de la operación confirman la detección de otros delitos conexos asociados a estas prácticas, lo que ha supuesto una actuación integral en materia de medio ambiente.
