La justicia riojana ha sentado en el banquillo a dos empresas y a la fundación de UGT como posibles autores de un delito de estafa, por cobrar presuntas “mordidas” en cursos de formación. El Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño ha abierto juicio oral a los empresarios Hipólito Merino y Salomé Torres, al exlíder de UGT La Rioja José María Buzarra, a la empresa Cenformadu SL y al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), dependiente del citado sindicato.
El caso parte de la denuncia de un profesor logroñés de soldadura (Roberto G.B.), quien impartió cursos de formación financiados por la Unión Europea entre 2008 y 2012 en el Servicio Riojano de Empleo, a través de la fundación implicada en el proceso judicial. Esta subcontrataba el servicio a la academia Cenformadu y, a partir de ahí, habrían llegado las supuestas ‘mordidas’. El docente explica en su acusación que impartió 955 horas de clase, pero que solo cobró 409 de ellas y el resto fueron a la caja de la academia con “la anuencia” de Buzarra.
La documentación que investiga el Juzgado y que ha desvelado Eldiario.es señala que este ‘modus operandi’ se habría repetido en cursos similares. La acusación particular pide ocho años de cárcel para cada uno de los acusados, así como una responsabilidad de 203.000 euros. En cambio, tanto la Fiscalía -esta había defendido la malversación durante todo el proceso- como la Abogacía del Gobierno de La Rioja han pedido el sobreseimiento y el archivo del caso.
UGT La Rioja ha explicado a NueveCuatroUno que el caso ha sido para el sindicato “una sorpresa”, ya que ha pasado casi una década desde que se produjeron los hechos y porque solo el abogado del profesor solicita que continúe la causa. “Es una cuestión legal que se debe dirimir entre la academia y el profesor. Nada tiene que ver ni con el instituto ni con el sindicato, que solo eran los beneficiarios del curso por parte del Gobierno de La Rioja”, ha explicado su secretario general, Jesús Izquierdo.
Izquierdo ha detallado que UGT La Rioja “nada tiene que ver” en el asunto, salvo en ser el adjudicatario del curso de formación: “Ni al sindicato ni al instituto se nos piden responsabilidades penales”. “Para nosotros ha sido una sorpresa y volvemos a insistir en que estamos a disposición de la justicia para realizar cualquier aclaración, pero que no tenemos ninguna responsabilidad. Es algo que se debe dirimir en el ámbito laboral”, ha concluido.
Otras ‘mordidas’
El profesor relata en su acusación que otras ‘mordidas’ habrían llegado mediante pagos por “uso del local y los equipos de soldadura”. La academia habría arrendado previamente el espacio y las herramientas a la fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales para “justificarlos ante la administración pública”.
Estos pagos de alquileres, detalla Eldiario.es en su información, se acompañaban de la correspondiente reducción de horas en el contrato, que no de las que realmente impartía el profesor. En otra ocasión habría sido el empresario el que habría cobrado la ‘mordida’ al profesor para que así volviera a ser contratado en estos cursos. El docente cobraría a dieciocho euros la hora, pero en realidad tendría que facturar entre cuarenta y cincuenta.
La importancia del caso riojano se debe a que Anticorrupción, la Agencia Valenciana Antifraude y la Intervención General investigan el fraude a gran escala en subvenciones y malversación de caudales públicos en varias autonomías. El docente logroñés ha conseguido que se juzguen como estafa las mordidas que habrían pagado cientos de profesores en España.
