El próximo lunes (7 de octubre) comenzará el juicio oral contra cuatro empresarios riojanos por un delito de falsificación y otro de estafa (J.L.G.M., A.M.B., A.G.G. y A.S.G.). La Fiscalía señala que estas cuatro empresas recibieron subvenciones de forma irregular por un total de 273.384 euros y ahora deben devolver ese dinero a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).
El escrito de acusación señala que los hechos ocurrieron entre el 2008 y el 2012, aumentándose los importes de las facturas que la empresa de publicidad Contrabriefing emitía a tres empresas (Fluchos, Main Style y Antonio Morón de Blas S.L.) por servicios que no llegaban a realizarse.
“Tras realizar el trabajo ya mencionado, se emitía una primera factura oficial o inicial en la que se incluía todo el proyecto (en cuantía superiores a las realmente devengadas o por servicios diferentes a los realmente prestados) y, posteriormente, otras pro forma que recogían lo que realmente se efectuaba con un numero total muy elevado”, indica el Ministerio Fiscal.
Las facturas oficiales o iniciales, según el escrito de la Fiscalía, se presentaban ante la ADER con el fin de obtener subvenciones oficiales (parte de las mismas correspondían a Fondos Europeos FEDER), que no fueron realmente prestados o no eran subvencionables.
Por ello, se abrieron cinco expedientes a la empresa Antonio Morón de Blas reclamando un total de 126.345,62 euros (diferencia entre las facturas oficiales o iniciales y facturas pro-forma); uno a la empresa Main Style por importe de 28.771,46; y dos a la Empresa Fluchos por un importe total de 118.267,82 euros.
Peticiones de cárcel
La Fiscalía solicita para J.L.G.M. (administrador de Contrabriefing) una pena de dos años de prisión y una multa de 2.160 euros por un delito de falsificación en documento mercantil continuado. Asimismo, pide para A.M.B. un total de cuatro años de cárcel, una multa de 2.160 euros y una indemnización para la ADER de 155.000 euros (más intereses).
Por último, A.G.G. y A.S.G. (responsables de Fluchos) también tienen una petición de cuatro años de prisión, una multa de 2.160 euros y una solicitud de indemnización para la ADER de 118.000 euros (más intereses).
