El delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, ha recordado que, al margen de que existan varias interpretaciones de la sentencia del Tribunal Supremos sobre la N-232, esta no entra en vigor hasta que no aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado y que, además, hay dos meses de plazo a partir de ese momento para su acatamiento.
“Es importante reseñar que en este momento se mantiene vigente en las condiciones actuales la prohibición para vehículos pesados de transitar por la N-232”, ha incidido, tras la reunión de la Comisión de Asistencia al Delegado.
Pérez Sáenz ha señalado que las dudas en cuanto a la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo radican en dos aspectos fundamentales: “Si únicamente afecta al convenio que regula las bonificaciones o a la propia prohibición de circular por la 232”.
En este sentido, y ante las dudas suscitadas, el delegado ha anunciado que la Abogacía del Estado “pedirá una aclaración de la sentencia”. Por otra parte, ha apuntado que en los últimos días ha mantenido conversaciones con el secretario general de Infraestructuras, con Fomento y con la Dirección General de Tráfico (DGT) a fin de analizar este asunto.
Siempre dentro de la legalidad, ha añadido, “se buscarán las fórmulas adecuadas para cumplir con los requisitos del Tribunal Supremo y mantener la situación actual”. Es decir, la prohibición a los vehículos pesados de circular por la N-232.
Pérez Sáenz ha indicado que, si bien es un gran defensor del “legítimo cauce de defensa” del que disponen las entidades privadas para reivindicar sus interés, la medida de desvío de camiones a la AP-68 se ha demostrado altamente eficaz en los últimos meses en lo que a la reducción de la siniestralidad vial se refiere.
Por eso, ha concluido Pérez Sáenz, “que el desvío se mantenga tal y como es un principio fundamental desde el punto de vista de la Seguridad Vial”.
