La Ley riojana de protección de animales, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre, podría acabar en próximas semanas en el Tribunal Constitucional. “Estamos realizando un análisis de la constitucionalidad del texto y tenemos muchas dudas”, ha confirmado al diario ABC el consejero de Hacienda y Administración Pública, Alfonso Domínguez.
Para interponer el recurso de inconstitucionalidad están legitimados el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados (sólo el PSOE y el PP alcanzan esa cifra sin llegar a pactos) y cincuenta senadores (los mismos partidos son los únicos que lo superan). Asimismo, el Gobierno de La Rioja y el Parlamento de La Rioja podrían también interponer el recurso.
Asimismo, el PP de La Rioja a nivel de partido también se encuentra estudiando la posibilidad de impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional, según han confirmado fuentes populares a NueveCuatroUno -la ley fue aprobada con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos en el Parlamento regional-.
Cuatro dudas principales
El Gobierno de La Rioja centra sus dudas en cuatro aspectos, según ha explicado Domínguez al mencionado diario del Grupo Vocento, como las reglas que establece en torno a la venta, donación y cesión de animales, “un hecho que podrían chocar con las competencias estatales”.
El resto de ámbitos son las sanciones administrativas para infracciones como el maltrato animal, “que ya son delitos según el Código Penal”; la potestad a los inspectores para acceder “a cualquier lugar” sin ningún tipo de orden judicial y la posible vulneración de la autonomía de los municipios al obligarles a tener un centro de acogida de animales.
Lo cierto es que, con el transcurso de los días, numerosas voces van uniéndose a la polémica al conocer los detalles de esta restrictiva legislación. Entre los puntos más conflictivos comentados entre la población, las sanciones para aquellas personas que dejen solos a los animales durante más de 48 horas en fincas o a los que no certifiquen que su muerte responde a causas naturales.
Los plazos
El recurso de inconstitucionalidad ha de interponerse con carácter general en el plazo de tres meses a partir de la publicación oficial de la ley.
Una vez admitida a trámite la demanda, el Tribunal Constitucional ha de dar traslado de la misma al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y los órganos legislativo y ejecutivo de La Rioja a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido el plazo de personación y alegaciones, el Tribunal Constitucional dictará Sentencia.
La admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad no produce, por regla general, la suspensión automática de los preceptos legales impugnados, salvo en el supuesto que el Presidente del Gobierno recurra y solicite expresamente en la demanda la suspensión de su vigencia y aplicación.
En este caso, el Tribunal Constitucional ha de ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses.
