El Partido Riojano (PR+) ha revelado este domingo que la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios S.L., vinculada al entramado de corrupción sobre contrataciones públicas denominado Caso Enredadera, no solo recibió dos adjudicaciones del Gobierno Regional, sino que «en estos momentos opta a un tercer contrato, esta vez por un importe de 8 millones de euros».
Estos tres contratos parten de la Consejería de Política Social, Familia, Igualdad y Justicia, cuyo consejero (Conrado Escobar) «aparece nombrado con familiaridad en las conversaciones incluidas en el sumario del proceso judicial que estudia el caso».
El presidente regionalista, Rubén Antoñanzas, ha querido advertir de este hecho a Escobar «a fin de que no se le olvide explicar sus términos» en la comparecencia del consejero ante el Parlamento.
Tramitación «inusual»
En concreto, indica el PR+, se trata de la gestión de cien plazas de atención residencial para personas dependientes y treinta plazas de centro de día para personas mayores dependientes en el centro Santa María la Real en Nájera, cuyo precio de licitación es de 8.589.197,25 euros. Hay que recordar que Aralia fue adjudicataria de la gestión de los centros de Alfaro y Santo Domingo de la Calzada, por un total de 3 millones.
El importe del contrato en Nájera, 8,5 millones, lo hace «aún más apetecible para este tipo de empresas», ha señalado Antoñanzas, pero es que además «si analizamos el expediente vemos que se está tramitando de una manera inusual». Además de haber una modificación del pliego de condiciones cuando ya se había iniciado su tramitación, el plazo de presentación de ofertas concluyó en mayo y desde entonces está sin resolver, cuando estamos ya en septiembre y el servicio tenía que empezar a prestarse el 1 de octubre, subraya el PR+.
Pero las sospechas del presidente del PR+ no se ciñen en exclusiva a esta empresa, ya que en el listado de licitadores «llama la atención» una segunda firma: Valoriza Servicios a la Dependencia. Esta empresa pertenece al mismo grupo que -como aparece en el sumario del caso- «es la que ha adquirió la empresa Gespol; la que dio origen al Caso Enredadera y que marcó la posible conexión de la red con La Rioja y en concreto con el consejero Escobar».
EL PR+ no tiene representación en el Parlamento y no puede por tanto cuestionar directamente al consejero, pero aun así «hemos querido alertar sobre este tercer contrato para que al señor Escobar no se le olvide ningún aspecto por aclarar en un asunto bajo sospecha de corrupción y tal y como se merecen los riojanos», ha concluido Antoñanzas.
