La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto este lunes una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja por lo que considera una cesión ilegal de mano de obra. En concreto, de la empresa Servigesplan como cedente y la Universidad de La Rioja (UR) como cesionaria de los trabajadores que prestan servicios auxiliares en dicho ente público.
CSIF entiende que las funciones que vienen realizando los trabajadores de Servigesplan son iguales a las que llevan a cabo los auxiliares de Servicios Generales y Mantenimiento pertenecientes a la universidad: “Es más, los servicios solicitados a dicha empresa se incrementan cuando el personal de la Universidad de la citada categoría hacen uso de los diferentes permisos o licencias a los que tienen derecho”.
“Por tanto, es manifiesto que la UR utiliza a estos trabajadores para completar los efectivos de su plantilla de Auxiliares de Servicios Generales y Mantenimiento, con un coste sensiblemente inferior a las retribuciones asignadas para el personal propio”, han señalado desde el sindicato en una nota, indicando que Servigesplan carece de toda infraestructura propia en la UR.
“Su actividad allí se limita al suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo, tratándose de un mero suministro de trabajadores y no de una descentralización productiva lícita amparada en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores”.
Simultáneamente a la presentación de esta denuncia, CSIF ha iniciado el procedimiento judicial por estos mismos hechos, para garantizar que los trabajadores obtengan la tutela de la Administración de la justicia y pasen a formar parte de la plantilla de la Universidad como personal indefinido no fijo.
Estos empleados, han concluido desde el sindicato, perderán su puesto de trabajo desde este 1 de mayo, “ya que la UR adjudicó recientemente sus servicios auxiliares, tras una subasta electrónica, a otra empresa que no quiere hacerse cargo de la subrogación de estos trabajadores”.
“Es rotundamente falso”
El rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, remitió el pasado 20 de abril un comunicado a la comunidad universitaria en el que ya respondía a las afirmaciones realizadas por el sindicato CSIF respecto a este contrato. En nombre del Consejo de Dirección, expresa que las afirmaciones realizadas “son rotundamente falsas y solo pueden entenderse bajo el propósito de intentar confundir a la opinión pública”.
El Consejo de Dirección señala en dicho comunicado lo siguiente:
1. Legalmente la Universidad no puede intervenir en las relaciones entre una empresa contratada y los empleados de ésta.
2. La Ley obliga a la Universidad a informar sobre las condiciones de subrogación, pero le impide imponer la subrogación del contrato anterior, ya que la obligación de subrogar surge de los convenios colectivos.
3. Pese a ello, la UR ha trabajado para conseguir que dicha subrogación pudiera producirse.
4. El hecho de haber empleado el instrumento de la subasta electrónica aporta más transparencia al procedimiento y su relación con este caso es puramente anecdótica.
5. La universidad está obligada por Ley a elegir la oferta más baja de entre las concurrentes.
6. Por último, y en referencia a la eventual contratación con un Centro Especial de Empleo, la UR desea aclarar que por Ley no pueden quedar excluidos y que, como institución pública, debe estar, y está, a favor de la integración de personal con capacidades diversas.
