Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han investigando a un varón de 34 años, con amplio historial delictivo, natural de Navarra y vecino de Calahorra, como presunto autor de cuatro delitos de hurto en el interior de vehículos y un delito de estafa.
La ‘Operación Dovecote’, que ha sido llevada por Agentes del Área de Investigación de Calahorra, se inicia en el mes de octubre a raíz de constatarse una serie de robos en el interior de vehículos estacionados en el casco urbano de la citada localidad, en los que se llegan a sustraer numerosos objetos de valor, además de dinero en efectivo, carteras con documentación personal y tarjetas de crédito.
Durante las primeras actuaciones los investigadores aprecian diversas coincidencias en los robos, siendo la principal la falta de daños para acceder al interior de los turismos, por lo que el autor o los autores no los eligen al azar sino que buscan los vehículos estacionados en la vía pública que no han llegado a ser cerrados por sus propietarios.
Con el paso de las semanas se determina que varias de las tarjetas de crédito denunciadas como sustraídas, han sido utilizadas para intentar comprar por Internet y para la extracción de dinero en efectivo en una sucursal y en diversos establecimientos, por lo que se lleva a cabo un estudio de los posibles sospechosos, junto con el visionado de multitud de imágenes y videos de cámaras de seguridad, consiguiéndose la plena identificación del autor de los robos.
Esta persona es interceptada a principios de semana cuando viaja a bordo de su turismo. Durante el registro del mismo los agentes le intervienen numerosos efectos que habían sido denunciados como sustraídos en el interior de cuatro vehículos, entre los que destacan las tarjetas de crédito que intentó utilizar, telefonía móvil, ropa, Via-T de autopista, gafas, mandos a distancia, llaves, etc.
La investigación continúa abierta al objeto de poder verificar la posible autoría del investigado en otros robos acaecidos durante los meses de octubre y noviembre en Calahorra, dado que esta persona no ha podido acreditar la lícita procedencia de una parte de los objetos que le fueron intervenidos.
Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
